Por un lado, porque servirá para hacer frente a los costes inmediatos provocados por la pandemia, sanitarios, económicos y sociales. Y por otro, porque los 140.000 millones de euros que España espera recibir servirán para luchar contra la crisis asociada a la Covid-19 y acometer la recuperación económica basada en un cambio del modelo productivo, impulsando una transición ecológica y digital.
¿Es esto así?.
¿Por qué ocho meses después hay más preguntas que certezas, no sólo cuándo llegarán las ayudas, sino quiénes serán los beneficiados?.
España tiene que aprovechar la oportunidad que abren las ayudas europeas, pero eso no será posible sin tener en cuenta las condiciones y límites que conllevan. Dónde y cómo invertir esos fondos y quiénes van a decidir sobre ellos es fundamental para que una oportunidad para salir de esta crisis transformando el modelo productivo no se convierta en una cadena que lastre nuestro futuro.
El Fondo Europeo de Recuperación.Una oportunidad de 140.000 millones de euros.
En
julio, hace ya ocho meses, los jefes de Gobierno y Estado de la UE dieron luz
verde al Fondo de Recuperación Europea, denominado como Next Generation EU, para
hacer frente a la crisis económica asociada a la pandemia, dotado con 750.000
millones de euros. De los cuales 390.000 millones serán ayudas directas,
subvenciones a fondo perdido que los países beneficiarios no tienen que
devolver. Y 360.000 millones en préstamos.
¿Cómo
se financia?. La UE emitirá deuda en los mercados (una especie de eurobonos)
con el respaldo del presupuesto comunitario. Es un cambio histórico, la primera
vez que la UE emite deuda “mutualizada” que compromete a los 27 países y que se
devuelve con el presupuesto de la Unión. ¿Y cómo se devolverá ese dinero?. Se empezará a devolver a partir de 2027, durante un periodo de 30 años hasta
el año 2058.
Para costear el pago de esta deuda la UE ha decidido poner en marcha nuevos impuestos: medioambientales, una tasa digital y una posible tasa a las transacciones financieras, entre otros, que deberemos pagar todos y cada uno de los países de la UE.
Italia
y España son los Estados que más dinero recibirán del Fondo de Recuperación Next Generation EU. Nuestro país espera recibir hasta 140.000 millones de
Euros, equivalentes al 11% del PIB español. Según el gobierno 72.700 millones
en ayudas directas y 67.300 millones en forma de préstamos. Un dinero que no
llegará de inmediato; según las previsiones de Bruselas no empezará a llegar,
en el mejor de los casos, hasta los últimos meses del año, aunque el gobierno
ya ha incluido 27.000 en los Presupuestos de este año.
El
gobierno anunció que se concentraría especialmente en la llegada de los 72.700
millones de las subvenciones que se canalizarán a través de dos instrumentos.
El
Mecanismo para la Recuperación y la Resilencia, que canaliza el
grueso de las ayudas, unos 59.000 millones de euros destinados a financiar la
inversión y las reformas para la transición ecológica y la digitalización.
Y por otro lado un fondo estructural llamado de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa, REACT-EU, con 12.400 millones de euros, para cubrir gastos extraordinarios con los que hacer frente al impacto social y económico de la Covid-19. Destinado a apoyar los costes de los servicios sanitarios, la adquisición de vacunas, las políticas activas de empleo y los servicios sociales.
Las
ayudas de Bruselas nunca fueron gratis
Los
recortes impuestos por el FMI y la UE en la crisis anterior forman ya parte de
la memoria colectiva del país. Las ayudas europeas nunca fueron gratis y
tampoco lo son ahora. Pero sobre todo nunca han servido para
reindustrializar el país y un desarrollo autónomo e independiente de acuerdo a
nuestros intereses como país.
La
reconversión industrial de los años 80 supuso un recorte brutal del tejido
industrial español y cuotas agrícolas y lecheras a cambio de la entrada en el
Mercado Común y el acceso a las ayudas de la PAC o los fondos de cohesión.
Fondos que sirvieron para crear una de las mejores red de infraestructuras de
comunicaciones de Europa por la que circulan los productos alemanes y franceses
y una España de servicios, cuyas consecuencias estamos sufriendo cada vez que
nos viene una crisis económica o una pandemia.
También
ahora son ayudas condicionadas y vigiladas en su ejecución por la UE.
La
UE no sólo aprobó el Fondo de Recuperación Europea Next Generation EU, sino un
sistema de condiciones impuesto por las principales potencias europeas
encabezadas por Alemania y los llamados “estados frugales” del norte
estrechamente vinculados con los intereses de EEUU en Europa, especialmente
Holanda (en adelante "Países Bajos"; no quieren mantener el nombre de Holanda).
Los
países tienen que presentar planes de inversiones y reformas que la
Comisión Europea evaluará si cumplen con
sus recomendaciones económicas anuales. La liberación de las ayudas está condicionada
y vinculada no ya a la calidad de los planes que se presenten sino a las
reformas que se recomienden desde la Comisión Europea y a las reglas
fiscales ahora suspendidas por la pandemia. En palabras del vicepresidente
económico de la Comisión, el comisario Dombrovskis, “los planes nacionales
tienen que abordar todas o un conjunto significativo de las recomendaciones
económicas que la Comisión Europea ha hecho a cada uno de los países en sus
evaluaciones macroeconómicas anuales”
Estos planes tendrán que ser aprobados por mayoría cualificada. Con un mecanismo llamado “freno de emergencia” por el que un solo país podrá “vetar” los planes propuestos por otros países, paralizando la concesión de las ayuda hasta que resuelva el Consejo. Incluso según el reglamento introducido por Alemania, se podrán congelar o recortar hasta un 25% las ayudas.
Vincular
las ayudas al cumplimiento de las reformas y a las reglas fiscales es el
mecanismo para imponer el precio que Bruselas quiere cobrarnos por las nuevas
ayudas. Quieren obligarnos a acometer las reformas estructurales que viene
exigiendo en los últimos años fundamentalmente en dos bloques: pensiones y
reforma laboral.
Algo
así como “baterías a cambio de pensiones”. ¿Acaso la aprobación del proyecto
estratégico presentado por Pedro Sánchez para desarrollar el coche eléctrico en
España y crear una gran fábrica de baterías en nuestro país puede depender de
que se acabe imponiendo una reforma de las pensiones para que no se revaloricen
con el IPC como quiere Bruselas, o se alarguen los años de cotización?.
¿O
los proyectos para desarrollar el hidrógeno verde han de depender de que se
mantenga la reforma laboral sobre la que se ha construido la precarización del
mercado laboral?.
Desgraciadamente
los enemigos también están dentro. El presiente de la gran patronal
oligárquica, Antonio Garamendi, acaba de declarar que “los fondos de la UE no
servirán de mucho si no se hacen las reformas que exige Bruselas…, y no había
que haber subido los salarios de los funcionarios ni las pensiones este años
con el 0,9%”.
Estamos ante uno de los retos fundamentales para que la oportunidad que significan los fondos del Plan de Recuperación y Resilencia no se malogre o no se conviertan en uno los nuevos recortes impuestos por las grandes potencias y el capital extranjero contra pensionistas y trabajadores.
(Continuará).
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