TESIS 2:
Los efectos económicos y sociales de la pandemia actúan sobre una realidad
marcada por el extremo grado de concentración de la riqueza y recursos
nacionales en manos de grandes bancos, monopolios y capital extranjero.
Resultado del nivel de expolio y saqueo a que someten al 90% de la población.
El último informe presentado por Intermon
Oxfam advierte de las consecuencias de la emergencia provocada por la Covid-19
sobre la desigualdad y la pobreza. Planteando cómo “la huella
de graves daños económicos y sociales se han distribuido de manera muy desigual
y muy injusta y a largo plazo, podrían llegar a ser más graves que la pandemia
en sí misma”.
Se estima que la décima parte más pobre sufrirá, en términos
relativos, ocho veces más pérdidas que la décima parte más rica. Y, a pesar de
la aprobación de medidas como el Ingreso Mínimo Vital, las predicciones apuntan
a que la “pobreza relativa” -es
decir, aquellas familias trabajadoras que no sufren exclusión social pero sí
serias privaciones materiales- aumentará hasta alcanzar el 26% de la
población, más de 12,3 millones de personas.
Intermon Oxfam advierte de la caída de la renta disponible para
amplios sectores sociales: trabajadores convertidos en parados o que sufrirán
rebajas salariales, autónomos que quebrarán o verán seriamente reducidos sus
ingresos...
Llamando a “tomar medidas
que eviten la precariedad laboral y redistribuyan la riqueza para evitar que
aumente la desigualdad”.
Estos son los efectos de la pandemia económica y
social, que se reparten “de forma injusta”, es decir con un acusado filtro de
clase. Y constituyen los síntomas de la auténtica enfermedad.
Si la
Covid-19 golpea con mayor dureza a las clases populares, provocando daños “más
graves que la pandemia”, no es responsabilidad del coronavirus. Si aumentan las
desigualdades no es por causas naturales. Se corresponde con la capacidad de
menos del 1% de la sociedad -los que de verdad ostentan el poder- para
concentrar una parte mayor de la riqueza y los recursos nacionales. Y lo hacen,
no por ser más eficaces y competitivos, sino porque nos la arrebatan al 90% de
la sociedad. Respaldados por unos Estados que han actuado como garantes del
atraco de una ínfima minoría sobre una gran mayoría.
Lo
vamos a comprobar a través de una radiografía del principal banco, el Santander
y de Iberdrola, el máximo representante de las eléctricas, el más poderoso
sector monopolista de la oligarquía española.
Bando de
Santander.
Los
activos globales que controla el primer banco español están valorados en 1.522 billones. En el ranking mundial
de países por volumen de PIB ocuparía el lugar número 11, adelantando a España
que está en el puesto 13.En la UE ocuparía el cuarto lugar.
Los
activos que el Banco de Santander posee en España suponen 608.375 millones de euros. Con esta riqueza acumulada –de la que es propietario un solo banco–, podrían pagarse las pensiones de los 9,8 millones
de pensionistas durante 4 años y dos meses.
Desde
2007, a pesar que la grave crisis financiera, el valor de los activos propiedad
del Santander aumentó en 609.781 millones de euros, un ¡66,8% más!
¿Cómo ha acumulado el Santander la propiedad sobre una
riqueza de semejante magnitud?.
Primero,
beneficiándose de un gigantesco salto en la monopolización del poder financiero
en España. La “reestructuración
bancaria”, subvencionada con dinero público, liquidó las Cajas de Ahorro. Como
resultado, la cuota de mercado de los
cinco grandes bancos ha pasado del 40,4% al 76%.
Y el
Santander ha sido el que más terreno ha ganado en ese proceso de concentración.
Ha casi duplicado el volumen de créditos que controla, que se ha disparado
desde los 565.000 millones en 2007 a los 942.000 en la actualidad. Y casi ha
triplicado la magnitud de los depósitos –el
dinero que obligatoriamente tenemos que tener en los bancos–, que ahora están valorados en 824.000 millones.
Segundo,
multiplicando la extorsión financiera.
Las cifras son escandalosas. A lo largo de la última década el Santander ha
ganado en concepto de “margen de intereses” –los
intereses que nosotros le pagamos– la friolera
de 308.000 millones. Y, en ese mismo periodo, se ha embolsado por comisiones
104.754 millones.
Un
solo banco ha ganado más de 400.000 millones en la última década por imponernos
draconianos intereses y usureras comisiones, que no cesan de crecer. Con ese
dinero podrían multiplicarse por cuatro los créditos ICO concedidos a pymes y
autónomos, evitando su quiebra.
No es extraño, por tanto, que el Santander sea el
líder de beneficios del Ibex-35. En
los últimos diez años, en los que hemos debido digerir una profunda crisis que
ha recortado la sanidad pública o ha empobrecido a muchos sectores, las
ganancias del Santander ascienden a 59.130
millones de euros. Pero esos son los “beneficios netos”. Lo que el banco de
los Botín ha ganado exprimiendo financieramente a la población es mucho más.
Según los datos del propio banco, el “margen neto de explotación” –los ingresos menos los costes– suma a lo largo de los últimos diez años 237.000 millones de euros. Con ese dinero
podría sostenerse todo el gasto público en sanidad en España durante 3 años y
medio.
Este
es el gigantesco poder que concentra un solo banco, y su capacidad para
imponernos a toda la sociedad tributos forzosos.
Y el Estado español ha actuado no solo como cómplice
necesario, también como instigador de este gigantesco atraco, amparando al
Santander a través de múltiples mecanismos:
Para
financiar la expansión global de la oligarquía española, el Estado otorgó a partir de 2002 bonificaciones
fiscales para la compra de empresas extranjeras. Estas ayudas públicas,
aprobadas por Aznar pero mantenidas por todos los gobiernos posteriores, tanto
del PP como del PSOE, contribuyeron a que el Santander comprara el Abbey en
Inglaterra, la primera de una sucesión de compras europeas, que lo auparon a
uno de los primeros escalones del ranking financiero continental.
Muchos
difunden la falsedad de que el Santander “no se ha beneficiado del rescate
bancario”, al no comprar ningún banco
saneado con dinero público. La realidad es que los 75.000 millones de dinero
público líquido gastado en el rescate a la banca -que ascienden a 350.000
millones comprometidos si sumamos los avales y garantías que dio el Estado-
permitieron al Santander comerse una parte del mercado que antes ocupaban cajas
o bancos pequeños y medianos.
Además
de eso, el Santander sí acabó recibiendo el
mayor regalo jamás entregado a banco alguno en España. Sucedió cuando se le
permitió comprar el Banco Popular –cuyos
activos ascendían a 163.228 millones– por un solo euro.
Pero el ejemplo más claro es la política fiscal que el Estado
español aplica al Banco de Santander.
En 2019, el Santander declaró un beneficio de 1.585 millones de
euros en España. ¿Cuantos impuestos pagó por ello? El banco afirma haber pagado
589 millones en impuestos. Lo que nos oculta es que, una vez abonados, Hacienda
le devolvió una cantidad superior. El resultado es que en 2019 el Santander no solo no pagó impuestos por sus beneficios, sino
que cobró de Hacienda 271 millones.
La razón de este sinsentido –que Hacienda asfixie fiscalmente a
las pymes mientras regala cientos de millones al mayor banco del país– está en
los “activos fiscales diferidos”.
Esta figura fue ideada por Luis de
Guindos, el ex responsable de Lehman
Brothers en Europa que pasó a ser ministro de Economía con Rajoy. Permite a
bancos y monopolios convertir provisiones o pérdidas en momentos de crisis en
créditos que pueden ser reclamados a Hacienda. De esta manera, bancos como el
Santander pagan impuestos... y luego Hacienda se los devuelve.
Lo sucedido en 2019 no es un caso aislado. En 2016 el Santander
declaró 675,5 millones pagados en impuestos y luego reclamó a Hacienda la
devolución de 675,5 millones. Ese año no pagó impuestos. En 2015, Hacienda
“devolvió” al Santander 393 millones, en 2014 fueron 546 millones, en 2013 la
cifra ascendió a 690 millones. De hecho, el último año que el Santander pagó
alguna cantidad en impuestos fue 2011.
Para el Santander, pagar impuestos es un
negocio. De 2008 a 2017
-con beneficios de casi 64.000 millones- su
saldo tras pagar impuestos fue de 1.900 millones a favor. Es decir, no solo no
pagó impuestos, sino que todos nosotros le regalamos de nuestros impuestos casi
2.000 millones.
Radiografía de Iberdrola.
Durante el primer trimestre del año, el PIB español se contrajo un
5,2%, la mayor caída desde que se tienen registros. Iberdrola no solo no ha
sufrido los estragos del confinamiento, sino que ha presentado en ese mismo
periodo ganancias de 1.257 millones, que son superiores a las del año pasado en
las mismas fechas.
Anuncia para este año -el de la mayor
recesión desde la Guerra Civil- beneficios récord de 3.750 millones, y acaba de repartir entre sus grandes
accionistas dividendos por valor de 3.000 millones, la misma cantidad que el
Ingreso Mínimo Vital entregará a un millón de familias.
No solo no va a sufrir la crisis, sino que
la está aprovechando para ampliar su expansión internacional: acaba de adquirir la compañía
australiana Infigen Energy, para penetrar en unos de los mercados mundiales con
mayor crecimiento.
El sector energético –eléctricas,
petroleras, gasistas– es el mayor
sector monopolista de la oligarquía española, y en él Iberdrola ocupa la
primera posición. No siempre ha sido así. Antes de 2005, Iberdrola estaba
por detrás de Endesa o Repsol. Hoy les supera ampliamente en beneficios, y los
activos de Iberdrola, que alcanzan los 124.000 millones de euros, duplican los
de Repsol y triplican los de Endesa.
En la actualidad, Iberdrola es el primer grupo energético español,
el cuarto del mundo en el sector eléctrico, y es líder global en el sector
eólico o en la “financiación privada verde”.
Durante la última década, Iberdrola ha obtenido unos beneficios
netos de 27.404 millones de euros. Es una cantidad casi siete veces superior al
plan de salvación de la industria turística recientemente presentado por el
gobierno.
Pero las ganancias de Iberdrola son en realidad mucho mayores. Los
resultados del margen bruto de explotación de la eléctrica –las ganancias que
obtiene, aunque una parte la dedique a inversiones o adquisiciones, para
ampliar su negocio– suman en los últimos diez años 79.000 millones, casi el
doble de todo el gasto público destinado a educación en España.
El salto dado por Iberdrola en los últimos
15 años ha sido gigantesco: ha multiplicado por cuatro sus activos, y por cinco
el beneficio neto anual.
Para conseguirlo, Iberdrola ha recibido
sustanciales ayudas.
Iberdrola se ha beneficiado de un notable salto en la
monopolización del sector eléctrico. En 2007, las tres mayores eléctricas concentraban el 58% de la cuota de mercado en España.
Ahora ese dominio de los tres grandes se ha elevado al 90%. Este abrumador dominio les permite imponer un precio de la
electricidad que es un 49% superior a la media europea, y también repartirse el
mercado eléctrico por provincias. Iberdrola domina –con cuotas incluso por
encima del 90%– en Madrid, País Vasco, Comunidad Valencia, las dos Castillas,
Murcia, la Rioja, Navarra...
Iberdrola también se benefició (como el Santander) de las
bonificaciones fiscales concedidas por el Estado para sufragar su expansión
internacional. Gracias a
ellas adquirió Scotish Power, para
después penetrar en el mercado norteamericano o brasileño.
Pero Iberdrola también recibe sustanciosas ayudas de otro Estado. Según sendos informes recientemente
publicados, Iberdrola es la multinacional extranjera que más subsidios,
subvenciones, créditos y beneficios fiscales recibe del gobierno
norteamericano. Puede entenderse si se revisa el listado de los accionistas
de Iberdrola. El 60% de sus acciones
está bajo control del capital extranjero, especialmente de grandes fondos
norteamericanos como el gigante BlackRock.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán afirma ahora que
“el camino de la recuperación económica
debe ser necesariamente verde”, y presenta como bandera la “energía limpia”. Pero no siempre ha sido
así. En 2011 encabezó una feroz campaña contra la energía solar, afirmando que “se han otorgado generosas primas a las
plantas solares”, y calificándolo despectivamente de “fiesta verde” o “burbuja
termosolar”. Lo que las grandes
eléctricas impusieron es la castración de un desarrollo energético autónomo,
basado en la explotación de la energía solar, que se escapaba de su dominio.
El gobierno de Rajoy impuso el “impuesto
al sol”, y esa oportunidad energética quedó cercenada.
Ahora, Iberdrola sí que impulsa la “energía verde”, pero al
servicio de los intereses de los grandes monopolios. Impulsando junto a bancos
y monopolios como HSBC, Bank of America,
Shell o BP, un lobby
internacional que demanda ayudas públicas a las renovables –que ellos controlan–
como “palanca de reconstrucción económica
tras la crisis del coronavirus”.
Mientras promociona las “energías
verdes”, Iberdrola ha presionado para que el Estado ampliara la vida de las
centrales nucleares más allá de los 40 años. Compromete la seguridad, pero le
ha hecho ganar 115 millones de euros.
Pero el más escandaloso atraco practicado por las eléctricas es el
llamado “déficit tarifario”.
Comenzó a aplicarse en el año 2000, y supuestamente se corresponde
a que las tarifas reguladas por el Estado no compensan los costes de producción
de la energía que tienen las eléctricas. Los monopolios de la electricidad no
pueden perder dinero vendiendo energía, mientras están declarando miles de
millones de beneficios por esa misma actividad. La realidad es que el sistema
se ha creado para poder hacer trampas. Contabilizando aquellas fuentes de
energía más caras para prefabricar unos costes mucho más elevados que los
reales.
El resultado es que, a pesar de que nos
imponen un precio de la electricidad muy por encima de la media europea, que sangra a las familias y limita la
competitividad de las empresas, les
debemos dinero a las eléctricas, que todos pagamos con un recargo en el recibo
de la luz.
El falso déficit tarifario alcanzó los 30.000 millones de euros.
Hemos pagado ya a las eléctricas 21.000 millones por este concepto, y todavía
deberemos pagar otros 21.000 millones, como mínimo hasta 2028. Lo hacemos cada
uno con un recargo medio de 93 euros anuales en el recibo.
Acabaremos pagando 12.000 millones más del montante de la supuesta
“deuda” con las eléctricas, porque estamos obligados también a abonar
intereses.
Este déficit tarifario sigue vigente, y es una forma con la que el
Estado protege los beneficios de las eléctricas. Una parte se utilizó para
devolver a las eléctricas 518 millones relativos al “bono social” para familias
vulnerables. El Tribunal Supremo vetó que ese gasto recayera en las eléctricas,
y obligó al Estado a hacerse cargo de su importe.
Con el confinamiento, y la disminución de la demanda eléctrica en
la industria o la disminución de los precios, los beneficios de las eléctricas
podrían verse afectados. Pero ya han recibido la protección del Estado.
Las medidas para proteger a los usuarios de electricidad, agua o
gas de los efectos de la pandemia no se cargarán a las cuentas de los
monopolios energéticos. Las asumirá el Estado. Y si todavía registran, no
pérdidas sino disminución de los beneficios, se activará el “déficit tarifario”
–que según todas las previsiones puede subir este año más de 1.000 millones–
para que seamos todos quienes lo sufraguemos.
- ¿Qué preguntas y dudas nos surgen tras la lectura de esta entrada?.
- ¿Qué ideas esenciales hallamos en el texto?. ¿Por qué nos parecen tan importantes?.
- ¿Qué otras informaciones añadiríamos a lo aquí expuesto que complementarían este contenido?.
- ¿Qué grado de acuerdo o desacuerdo tenemos respecto a la información aquí hallada?.
- ¿Qué conclusiones finales obtenemos tras valorar todo el conjunto?.
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