TESIS 1: Ante la
urgente necesidad de enfrentar el shock económico y social provocado por la
pandemia, se abren dos caminos, dos alternativas antagónicas. La batalla por
cuál de ellas se impondrá y bajo qué formas va a agudizarse, será el centro de
la situación nacional en los próximos meses y determinará nuestro futuro.
La última encuesta del CIS, publicada recientemente,
refleja el estado de opinión de la sociedad española. Un 80,7% de los encuestados considera que
las consecuencias económicas derivadas de la pandemia serán muy graves, y un 15,8% las califica de graves.
Los
hechos avalan ese temor.
La caída del PIB en España será la mayor de todos los
países desarrollados. La media de las
previsiones anticipa una contracción del 9,2%, pero los peores escenarios
contemplan un retroceso de hasta el 15%. Y todos coinciden en que tardaremos
varios años en recuperar los índices previos a la Covid-19. Con pérdidas que ya
se cifran en 80.000 millones de euros, y cuyo saldo final será sensiblemente
mayor
La tasa de paro puede subir 10 puntos, hasta situarse
en el 24,7%. Esto significaría un
aumento del paro de hasta 1,5 millones, hasta situar el número de desempleados
por encima de los cinco millones. Mientras que la destrucción de tejido empresarial puede liquidar hasta 500.000 pymes
y 300.000 autónomos.
Impulsando
una desconocida escalada de la deuda
pública, que puede incrementarse desde el 96,4% al 125%. Lo que supondría
incrementar nuestro endeudamiento en más de 400.000 millones.
¿Cómo se debe enfrentar esta profunda crisis desde los
intereses populares y nacionales?.
El
confinamiento, imprescindible para contener la expansión del coronavirus, ha
acarreado la paralización -total o parcial, según sectores- de la producción y
el comercio. A ello se une un descenso del consumo interno, responsable de dos
tercios del crecimiento. Y, aunque se levanten las restricciones del estado de
alarma, tardaremos meses o años en volver a los índices económicos previos a la
Covid-19.
Estas
dificultades golpean especialmente a pymes y autónomos, la mayor parte del
tejido empresarial español condenadas a “vivir al día”, sin colchón para
afrontar una crisis por la extorsión financiera de los bancos y fiscal del
Estado, y por el escaso margen que les deja el dominio monopolista. Y
repercutirán en los trabajadores, disparando las cifras de parados hasta rozar
o superar los cinco millones.
Evitar que la pandemia desemboque en una necrosis
económica, con una elevada destrucción de empresas y empleo, es una necesidad
ineludible. Y eso comporta levantar
muros de contención que exigen un elevado desembolso de dinero público.
Pero
estas medidas, cuya necesidad nadie discute, pueden pervertirse, hasta
convertirlas en su contrario, dependiendo de quién las gestione y controle, y
al servicio de quién se desarrollen. Lo podemos comprobar en los dos ejemplos siguentes:
1.- Cómo la banca utiliza en su propio beneficio la línea
de créditos ICO avalada por el Estado.
Dentro
del llamado “escudo social”, el gobierno ha puesto en marcha una línea de
préstamos de 100.000 millones avalada por el Estado a través del ICO (Instituto
de Crédito Oficial), cuyo objetivo es “facilitar el acceso al crédito y
liquidez a empresas y autónomos para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19”.
El Estado avala la operación, corre con los gastos y
asume los riesgos de posibles impagos. Pero no puede ejecutarla. No se puede conceder directamente esos préstamos a
través de una banca pública que ha sido desmantelada. Y ni la UE ni la gran
banca española permiten que se utilice Bankia –donde el Estado sigue poseyendo
más del 60% de las acciones– para ello. Son
los bancos privados quienes gestionan
esos préstamos: deciden a quién se concede, tienen capacidad para
imponer las condiciones... Y se ha “distribuido” según el reparto de mercado
actual. El resultado es que solo cinco
grandes bancos (Santander, BBVA, Caixabank, Bankia y Sabadell) controlan el 70% de los créditos ICO.
¿Para qué utiliza la banca los préstamos ICO?.
Primero
para ampliar su negocio, bajo la protección del Estado en unos momentos de
máxima incertidumbre económica. Según los datos del Ministerio de Asuntos
Económicos, los créditos concedidos durante el primer mes y medio de
confinamiento se dispararon de la media habitual de 30.000 millones hasta los
80.000. La banca pudo emprender con tranquilidad, avalada por el Estado, la
expansión de un sector cualitativo de su negocio, el crédito a empresas, cuya
cartera acumulada asciende a 444.882 millones.
Por
esos créditos avalados por el Estado, los bancos cobrarán intereses a las pymes
y autónomos que los soliciten. Pero además los bancos pueden imponerles
condiciones onerosas, ante la necesidad imperiosa de acceder a liquidez.
Multiplicando las comisiones –de apertura, por
pago anticipado, etc – u obligando a contratar
seguros del propio banco como condición para acceder al préstamo.
Los
bancos seleccionan a quién conceden los préstamos, y no lo hacen desde el
objetivo de facilitar el acceso a liquidez de pymes y autónomos, sino para
proteger sus negocios. Eligiendo no a quien más lo necesita sino a quien tiene
deudas con el banco, para refinanciarlas traspasando los riesgos al Estado.
Así, si el impacto de la crisis eleva la morosidad o los impagos, el Estado se
hará cargo de entre el 70% y el 80% de las deudas. Los bancos obtienen las ganancias y el Estado carga con las deudas.
El
control de los bancos sobre las líneas de préstamos ICO ha provocado una
catarata de quejas de pymes y autónomos, que han vuelto a sufrir, además de la
pandemia, la extorsión financiera.
2.- Cómo el BCE va a regalar tres billones de
euros a la gran banca europea.
Desde todos los ámbitos -economistas de derechas y de izquierdas,
el PP, pero también el PSOE o Podemos- se alaba la contundente respuesta del
BCE a la crisis actual.
En la anterior crisis la inacción del BCE contribuyó a la
hecatombe. Solo puso en marcha su capacidad para inyectar liquidez –tiene la
capacidad de emitir moneda– tras 2012, cuando ya se había asfixiado a Grecia,
Portugal, Irlanda y España para vencer sus resistencias a aceptar draconianos
“rescates”.
Ahora, ante el riesgo de colapso de la
economía europea, el BCE ha actuado desde el principio. Activando programas de compras –de deuda
pública o privada– de hasta 1,1 billones de euros.
Es cierto que esta actuación del BCE ha permitido contener la
“prima de riesgo”, que influirá en los intereses a pagar por la montaña de
nueva deuda acumulada por los Estados. Pero el BCE y la UE aplican un
sospechoso doble rasero.
El programa de ayudas europeas a los
Estados se está discutiendo “a cara de perro”: limitando la cuantía, ampliando la parte
que corresponde a créditos y disminuyendo la que se otorga como transferencias,
imponiendo una condicionalidad ligada a la aprobación de “reformas
estructurales”...
Sin embargo, cuando se trata de entregar
dinero a la banca europea, todas estas dificultades desaparecen, y las exigencias se convierten en
facilidades.
A la última subasta de la ronda de financiación LTRO del BCE
acudieron 742 bancos europeos, que se llevaron la cifra récord de 1,3 billones
de euros. Pero la presidenta del BCE, Christine
Lagarde, ya ha anunciado que pondrá a disposición de los bancos hasta “tres
billones de euros para recibir liquidez”.
Esta cantidad, entregada a un pequeño puñado de grandes bancos,
multiplica por seis los 540.000 millones del primer paquete de ayudas concedido
por el Eurogrupo, y por cuatro los 750.000 millones del “plan anticrisis”
impulsado por la Comisión Europea.
Se afirma que el gran salvavidas de la economía española serán los
140.000 millones de ayudas europeas a los que podría acceder el Estado español.
Pero los bancos nacionales se llevaron del BCE, de una sola tacada, 175.000
millones. Y esa cifra puede llegar a superar los 300.000.
¿Qué condiciones exige el BCE a los bancos
por llevarse el dinero?.
Ninguna.
Únicamente “mantener la cartera crediticia” a los niveles
actuales, no incrementarla. Algo que ya se daba por descontado.
¿Cuánto tienen que pagar los bancos por
llevarse dinero del BCE? No es que no paguen nada, es que van a cobrar.
Porque el BCE ha decidido aplicar tipos negativos en las subastas
LTRO, que pueden llegar hasta el -1%. Esto significa que los bancos no solo no
pagarán intereses, sino que recibirán una prima del BCE por llevarse el dinero.
Los bancos utilizan ese dinero suministrado por el BCE para
invertirlo en otras operaciones como compra de deuda pública por las que
evidentemente cobran un interés positivo. Las ganancias que esta operación
puede reportar a la banca europea alcanzarán, según algunos cálculos, los
30.000 millones de euros. Una cantidad superior a lo que costará financiar
todos los ERTEs en España durante 2020.
Con esta inyección multimillonaria, el BCE no busca “garantizar la
liquidez”, sino asegurar que los grandes bancos mantienen su rentabilidad, sus
ganancias, a pesar de los estragos de la pandemia.
Si el BCE pusiera esta línea de crédito de 3 billones, sin
“condicionalidad” alguna, pagando por llevarse el dinero, a disposición de los
Estados, y no de los bancos, los
problemas que enfrentan países como España no desaparecerían pero tendríamos
muchas mejores condiciones para resolverlos. Y los centros de poder europeos no
dispondrían del arma de la imperiosa necesidad de acceder a los fondos europeos
para imponer “reformas” o aumentar su control sobre la política española.
Frente a las consecuencias económicas de la pandemia
se está jugando una doble batalla:
Por un lado cómo “contener la hemorragia” (detener la destrucción económica, contener los
efectos sociales....); por otro qué
raíles económicos y sociales se imponen a más largo plazo, de forma
estructural.
Y en
este plano vuelven a abrirse dos caminos enfrentados.
En amplios sectores sociales crece la determinación de
que esta crisis no puede saldarse con más recortes y ajustes para la mayoría, con el objetivo de “rescatar” a una ínfima minoría,
como sucedió tras 2010. Y avanzan las posiciones que, total o parcialmente, con
mayor o menor nivel de radicalidad, defienden programas y medidas que caminan
en el sentido de una redistribución de la riqueza.
Pero, al mismo tiempo, hay poderosas fuerzas que, bajo
la bandera de “hacer frente a la pandemia” pretenden imponernos “reformas
estructurales” cuyas consecuencias se
prolongarían durante mucho tiempo.
Las
principales burguesías europeas luchan a brazo partido por diseñar la “Europa
post Covid-19”. Aunque son inasumibles socialmente rescates bajo las salvajes
formas adoptadas de 2010 a 2012, las “ayudas europeas” impondrán una
“condicionalidad” de la que ya empezamos a conocer algunos aspectos. Desde la
prohibición estricta de tocar la reforma laboral, a la apertura de una “reforma
de las pensiones” que, a cambio de no tocar las actuales, recorte y endurezca
el acceso a las futuras.
Y la
oligarquía en pleno ha presentado, bajo la forma de una “macro cumbre”
empresarial organizada por la CEOE, todo un “programa de gobierno” con tres
exigencias principales:
- Masiva inyección de dinero público, socializando su pago a través de un aumento de la deuda del Estado. Cuyo objetivo no será impulsar un nuevo modelo de desarrollo económico o prestar ayuda a la población, sino proteger sus negocios.
- Imponer un “consenso político” con un doble objetivo: Por un lado vetar cualquier medida que, aun tímidamente, afecte a sus ganancias, como las subidas de impuestos a bancos, monopolios o grandes fortunas. Por otro, “blindar” los futuros ajustes –que el Banco de España anuncia deberán prolongarse al menos durante diez años– de cambios políticos o de gobierno.
- Y aceptar una masiva entrada de capital extranjero, que se apropie de una parte mayor de las riquezas nacionales, bajo la vía del aumento de la deuda con el exterior, o a través de la toma de posiciones foráneas en empresas españolas.
Las consecuencias de este programa oligárquico –y del capital extranjero– serían estructurales:
- Provocando
un mayor empobrecimiento general, al
margen de programas como el Ingreso Mínimo Vital, dirigido a atenuar los
efectos más sangrantes, bajo la forma de reducir la parte de la riqueza
nacional que revierte en el 90% de la población.
- Imponiendo
un mayor grado de monopolización, de
concentración de la riqueza, en perjuicio de trabajadores, pymes, industrial nacional...
- Y
multiplicando nuestro grado de dependencia e intervención exterior. Lo que agudizará nuestras debilidades.
- ¿Qué preguntas o dudas nos surgen tras la lectura de esta entrada?.
- ¿Cuáles son las ideas-fuerza que hallamos en el texto?.
- ¿Qué otras informaciones conocemos que ampliarían o nos llevarían a profundizar en lo aquí expuesto?.
- ¿Estamos de acuerdo en esas consecuencias que el programa oligárquico y del capital extranjero producirían en nuestro país de aplicarse esas medidas oligárquicas?.
- ¿Qué conclusiones obtenemos tras esta reflexión.
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