Consecuencias sociales del COVID-19 y las 4 dependencias (y IV)

El precio del petróleo se ha desplomado: el barril de petróleo de la OPEP ha bajado un 66%, hasta poco más de 12 dólares en los últimos 12 meses -estaba por encima de los 60 dólares-. Y la contracción de la demanda a causa de la pandemia augura un largo periodo de precios bajos del crudo.

¿Significa eso que el “problema energético español” puede estar en vías de resolución?. No. Con un petróleo más caro o más barato, la dependencia energética del exterior continúa siendo una pesada losa sobre la economía española.

Somos uno de los países de la UE con mayor tasa de dependencia energética.
Necesitamos importar el 70,5% de la energía que consumimos, muy por encima de la media de la UE, situada en el 53,2%.

Y el Plan de Energía y Clima, que supuestamente busca impulsar las energías renovables para mejorar el autoabastecimiento, no se plantea atajar el problema, al reconocer que en 2030 seguiremos necesitando importar al menos el 61% de la energía que consumamos.

No es verdad que sea un problema endémico de Europa, prácticamente irresoluble. Países como Dinamarca solo tienen una tasa de dependencia energética del 12,3%, mientras en Holanda es del 26% o en República Checa del 28%.

España es uno de los países europeos con mayores potencialidades para impulsar las energías renovables. Pero una legislación que desde 2012 ha castigado el desarrollo de las renovables conduce a que la Comisión Europea sitúe a España dentro del grupo de cola que ha retrocedido en este terreno.

Esta dependencia supone una onerosa factura para España, traducida en los 25.000 millones que el pasado año nos costó el déficit energético con el exterior.

Pero existe otro problema, que normalmente se oculta: la toma de control del capital extranjero sobre los gigantes energéticos nacionales.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, acaba de declararse partidario de “acelerar las energías limpias”, para “crear 300.000 empleos ya” e impulsar “un tejido industrial potente”. Remarcando que “España es un país con una dependencia energética brutal. Si producimos nosotros más, menos dependeremos de los otros”.

Pero estas bellas palabras están en abierta contradicción con lo que realmente es -o mejor dicho de quién es- Iberdrola. En 2008, las entidades nacionales poseían el 45,1% de sus acciones, y el capital extranjero el 28,4%. Ahora los grandes fondos foráneos controlan el 62,9% de la compañía. Y a la cabeza de ellos encontramos a gigantes del capital norteamericano como BlackRock.

Este es un movimiento generalizado en todos los monopolios energéticos. En la última década el capital extranjero ha pasado de controlar el 30% de sus acciones a poseer el 60%. Y la pandemia anuncia nuevos pasos en este camino: JP Morgan ha incrementado su participación en Repsol o la francesa Total ha irrumpido como la cuarta eléctrica en España.

La energía, y especialmente la electricidad, es un gigantesco negocio en España. Y el capital extranjero quiere participar de él. Mientras el PIB español cae un 5,2%, los beneficios de Iberdrola han aumentado un 30% en el primer trimestre del año, y anuncia un reparto de dividendos a sus accionistas de más de 3.000 millones -dos tercios de ellos se los llevará el capital extranjero-.

Este atraco eléctrico está amparado por el Estado, que permite la imposición en España de uno de los precios de la luz más altos del continente -un 49% superior a la media europea-, y entrega a los monopolios eléctricos dinero público a través de un falso “déficit tarifario”.

En 1927, al crearse Campsa fruto de la expropiación a la Standard Oil y la Shell, se dijo que era “más importante para España que el Peñón de Gibraltar”. Se proponía el control nacional sobre el petróleo, y también levantar un sólido conglomerado industrial en el sector energético, químico y petroquímico.

Ahora, la llave de la energía en España está por partida doble -necesidades de importación y participación exterior en los monopolios oligárquicos- en manos extranjeras.

A pesar de que en Italia los estragos sanitarios del Covid-19 han sido mayores, todos coinciden en que España sufrirá en mayor medida las consecuencias económicas de la pandemia.
Junto a la mayor dependencia exterior que ya hemos analizado, hay otra razón de primer rango: la base industrial de que Italia dispone, y que en España ha sido planificadamente jibarizada.

La entrada en el Mercado Común vino acompañada de la más salvaje reconversión y destrucción del tejido industrial español, donde sectores enteros como la siderurgia, la minería o los astilleros quedaron reducidos a su mínima expresión. En 1975 la industria representaba el 36% del PIB español, porcentaje que ahora se ha reducido al 16% -el 12,6% en la industria manufacturera-.

Esta no es una “tendencia inevitable”, producto del “tránsito hacia una sociedad postindustrial”. El peso de la industria en España está por debajo la media europea. En Alemania la industria aporta el 29,1% del PIB... más que el doble que en España.

Se trata de una decisión política. Por un lado, se liquidaron aquellos sectores donde España hacía la competencia a los grandes monopolios europeos. Por otro, se impuso la entrega, a precio de saldo muchas veces, de sectores enteros de la industria nacional al capital extranjero: hoy los monopolios extranjeros controlan el 40,4% de todo el valor añadido generado en la industria española.

La pertenencia a la UE ha significado para España, en sectores como agricultura, ganadería y pesca, la imposición de cuotas y límites a la producción muy por debajo del consumo nacional.

Obligando a la destrucción de explotaciones, planificando que la producción foránea ocupase una parte cada vez mayor de la cuota de mercado nacional.

Ahora, la retirada de cuotas en algunos productos, tras años donde se ha liquidado la producción nacional, conduce a una mayor ocupación foránea de nuestro mercado.

El sector lácteo es un ejemplo paradigmático de los efectos de las “ayudas europeas”. Durante años se impuso a España una cuota de producción que era la mitad de la media europea, y que solo cubría dos tercios del consumo nacional. Lo que condujo a la quiebra de miles de ganaderos y a un acelerado proceso de monopolización, especialmente por parte de grandes conglomerados extranjeros. Cuando se retiró el sistema de cuotas el 6% de todas las empresas -encabezados por cinco grupos extranjeros- controlaba el 75% de todas las ventas.

Lo mismo ha sucedido en la agricultura. A través de unas ayudas de la PAC que han financiado la eliminación de cultivos, arruinando a los agricultores y permitiendo un elevadísimo grado de concentración monopolista, en gigantes que pueden imponer precios por debajo del coste a los productores para multiplicarlos hasta un 1.000% cuando se venden a los consumidores.

Los ejes del documento presentado en 2008, que se titulaba “Por un Gran Pacto Nacional contra la crisis. Que acabe con las cuatro grandes dependencias. Y cambie el modelo de crecimiento de la economía española”, han sido los pilares en torno al que se ha desarrollado la línea de Frente Amplio por la Redistribución de la Riqueza.

Entonces, pocas semanas después de la quiebra Lehman Brothers, ya planteamos:

1.- Las repercusiones de la crisis mundial sobre España están poniendo de manifiesto –y lo van a hacer de forma creciente– las debilidades (endeudamiento y dependencia) sobre las que se levanta el crecimiento económico de las últimas décadas. Si no hay un giro en este modelo, no es en absoluto descabellado suponer que –dada la envergadura y la dimensión que está adquiriendo la crisis financiera mundial– nuestro país pueda llegar a enfrentarse en el futuro inmediato a una auténtica crisis nacional. Por eso es por lo que es urgente un gran pacto o acuerdo nacional para poner en marcha un plan de ahorro e inversión que acabe con las cuatro grandes dependencias y cambie el modelo de crecimiento económico del país. (…)

Aunque los efectos más sangrantes de la crisis se concentran en el pueblo trabajador, la crisis afecta al conjunto de la nación y a los intereses de la inmensa mayoría de los diferentes sectores sociales.

Es por eso que el interés común está en dar una respuesta común a la crisis, articulando un gran pacto nacional que implique al conjunto de la nación en una salida a la crisis que siente las bases para acabar con las cuatro grandes dependencias, cree una economía altamente competitiva y su riqueza está al servicio de los intereses nacionales y de las necesidades de la mayoría del país. Pacto nacional para el que se precisa –y al que hay que llamar en su apoyo– la participación del conjunto de fuerzas sociales, políticas, sindicales y económicas del país, a personalidades y profesionales.

2.- Una propuesta que, en su articulación se dirige a plantear las transformaciones fundamentales de contenido patriótico y democrático y de creación de riqueza y empleo que nuestro país y nuestro pueblo necesitan. Y que, por su naturaleza son ajenas y extrañas al capitalismo de tipo burocrático que tanto tiempo ha presidido la actuación de la izquierda en España y que sigue inspirando a las “nuevas” formaciones. No se trata de repartir la riqueza existente, sino de redistribuirla para generar nueva riqueza. Ni de repartir el empleo, sino de crear puestos de trabajo potenciando la inversión productiva. Tampoco está la solución en un mayor endeudamiento del Estado que se ha vuelto insostenible. Estos caminos han mostrado que en su desarrollo acaban repartiendo la miseria.

Para crear riqueza y empleo es imprescindible movilizar ingentes recursos. ¿Y dónde están esos recursos?. En la misma sociedad española, en la ingente cantidad de riqueza que concentra. Redistribuir la riqueza, ponerla al servicio de las clases populares y de creación de nueva riqueza, cambiando el modelo económico del país es la línea que sirve a los intereses de nuestro pueblo.

3.- Construir una sociedad cuya riqueza esté al servicio de los intereses nacionales y las necesidades de la mayoría.

Todo este plan de conjunto tiene que estar presidido por un problema capital. Reconvertir la economía española y dotarla de una gran capacidad de creación de riqueza y empleo sí. Pero ¿quién debe gestionarla?. ¿Al servicio de qué y de quién debe estar?. Es en este punto –el de la gestión de la riqueza producida– donde se concentra de forma especial el objetivo principal que el conjunto de todos los trabajadores proponemos con esta línea: el cambio en la correlación de fuerzas entre el pueblo y lo que es enemigo de su desarrollo, de los valores laborales, sociales,... incluso de los Derechos Humanos más elementales. Sólo sobre esta base, con este cambio en la correlación de fuerzas expresado en la participación en la gestión de la riqueza de aquellos que la producen y puesta al servicio de los intereses del país y de las necesidades de la mayoría, tiene sentido todo lo anterior.

“Acabar con las 4 grandes dependencias, creando una economía altamente competitiva en un mundo globalizado, redistribuyendo la riqueza y poniéndola al servicio de los intereses de la nación y de las necesidades de la mayoría del país”.

Esta es la consigna fundamental que ha de dirigir nuestra alternativa económica.

Estos son hoy los ejes de un programa para acabar con las cuatro grandes dependencias e impulsar un desarrollo autónomo:

1. Redistribuyendo la riqueza para que los enormes recursos, hoy monopolizados por grandes bancos y monopolios oligárquicos y el capital extranjero, se ponga al servicio de un plan de reindustrialización que multiplique nuestra capacidad de creación de riqueza. Multiplicando nuestra capacidad de ahorro e inversión y acabando con el expolio que supone la dependencia de la financiación exterior.
2. Impulsando una economía competitiva en un mundo globalizado. Que acabe con el dominio de un pequeño grupo de potencias y el capital extranjero sobre la producción y exportaciones españolas. Diversificando los mercados -lo que implica también diversificar la producción y sectores industriales en los que invertimos, primando los de alta tecnología-. Aprovechando los  lazos políticos, históricos y culturales de España con distintas áreas del mundo (Iberoamérica, Magreb, países árabes,...) para abrir nuevos mercados, dirigirse al área regional más dinámica y emergente del mundo (Asia) rompiendo con la dependencia de unos pocos mercados y la “cautividad” que imponen al sistema productivo español.
3. Desarrollando la producción autónoma de energía, limitando tanto la dependencia exterior como el asfixiante control del capital extranjero y oligárquico, e impulsando una potente industria basada en el enorme potencial en energías renovables.
   
4. Potenciando un sector primario desde los intereses nacionales, frente a cuotas abusivas que limitan la producción y desarrollando una industria de transformación independiente. Es un escándalo que, por ejemplo, España sea el primer productor mundial de aceite de oliva y este sector esté bajo control exterior.

PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿Qué dudas, preguntas o cuestiones nos genera esta entrada?.
2. ¿En qué ideas básicas podríamos sintetizar todo lo expuesto?.
3. ¿Qué otras anotaríamos para completar este contenido e ilustrarlo mejor?.
4. ¿Qué cuestiones creemos que es necesario matizar o corregir, caso de que veamos datos que no se corresponde con la realidad?.
5. ¿Qué otras opciones tenemos o podemos construir para lograr una mejor redistribución de la riqueza?.