Hoy
solo existen dos caminos: socialización de las pérdidas que implica nuevos
recortes, o redistribución de la riqueza.
O aceptamos una “socialización de las
pérdidas”, a través de un aumento de la deuda que inevitablemente será pagada
con nuevos recortes sobre el 90% de la población; o impulsamos una auténtica
política de redistribución de la riqueza, que permita disponer, sin necesidad
de endeudarnos, de los ingentes recursos que hoy controla una ínfima minoría.
Emprender ese camino, el de la
redistribución de la riqueza en beneficio del país y de la mayoría, exige al
mismo tiempo cuestionar la dependencia exterior y poner en primer plano de la
lucha política la defensa de la soberanía nacional.
Se han publicado los datos sobre el
impacto económico de la pandemia durante el primer trimestre del año. Y algunos
de ellos son sorprendentes. El PIB español ha retrocedido un 5,2%, mientras que
el de Italia, más afectada por el virus, lo ha hecho un 4,7%. En Alemania, el
retroceso se ha limitado al 2,1%.
Puede pensarse que se debe a que su
cifra de infectados o fallecidos es mucho menor que en España. Pero en EEUU,
epicentro mundial de la pandemia -con más de 1,5 millones de diagnosticados- el
PIB del primer trimestre ha sufrido una reducción del 1,2% -casi cinco veces
menos que la caída en España.
La
pandemia es global, pero sus consecuencias económicas y sociales no se
distribuyen homogéneamente, y las pérdidas no están determinadas única ni principalmente
por criterios sanitarios.
Todas las predicciones anticipan que
España será el país europeo cuya economía más sufrirá los efectos de la
pandemia, y que más tiempo tardará en recuperarse. Se aducen para ello motivos
económicos: la mayor dependencia del turismo, el desempleo crónico, los niveles
ya altos de deuda pública...
Con ello eluden y ocultan el problema
clave: la dependencia exterior.
Es la subordinación, económica, política
y militar, a los grandes centros de poder mundiales -EEUU y las grandes
burguesías europeas- lo que ha impuesto en España un modelo de crecimiento que,
en cada punto, multiplica la dependencia, que constituye el principal lastre
para nuestro desarrollo. Y que, en momentos de convulsión y crisis, como el
actual, nos condena a sufrir las peores consecuencias.
Planteando la necesidad de transformar
el modelo económico español para atender a las necesidades del país y del
pueblo trabajador. El documento llamaba, desde su mismo título, a: “acabar con
las cuatro grandes dependencias”.
En él se planteaba que “el modelo de
desarrollo económico de nuestro país en estas tres décadas ha estado marcado
por (...) el aumento de su dependencia del capital y de los mercados de unas
pocas economías desarrolladas.
(…) Esto ha creado un modelo de
desarrollo económico sometido al pesado lastre de la dependencia de la
financiación exterior, la subordinación del sistema productivo a las
necesidades de unos pocos mercados desarrollados, el enorme costo de la factura
energética y la insólita prohibición de rebasar unas cuotas de producción de
una serie de productos y mercancías (concentradas ahora en los sectores
primarios de la economía) que no sólo están por debajo de la capacidad
productiva real de esos sectores, sino en ocasiones por debajo incluso de las
propias necesidades nacionales y su demanda interna”.
Acabar con estas cuatro grandes
dependencias sigue siendo hoy la clave para cualquier alternativa al servicio
de los intereses del país y del pueblo.
Todos
los medios y analistas nos ofrecen como algo ineludible asumir un aumento de la
deuda pública de entre 20 y 30 puntos del PIB.
Esto supone entorno a unos 400.000
millones de euros que, en uno u otro plazo, bajo una u otra forma, deberemos
devolver.
En sí mismas, estas magnitudes suponen
una carga... mucho más pesada si identificamos -cosa que permanentemente se nos
oculta- quiénes deberemos pagar la factura.
El 50,4% de la deuda pública española
está en manos de los “tenedores extranjeros”, grandes bancos o fondos de
inversión en propiedad de las grandes burguesías del planeta. Pero, además, el
Banco Central Europeo, poseía en enero 284.900 millones de deuda pública
española, un 23,9% del total. Un porcentaje que ahora se habrá incrementado: se
prevé que el BCE compre este año cerca de 114.000 millones adicionales de
títulos de deuda españoles.
Esto significa que al menos el 72,9% de
la deuda pública española tiene su centro de mando en el extranjero. Se ha
asumido, como algo normal, que la financiación del Estado dependa, en tres de
cada cuatro euros, del dinero extranjero.
Y lo que se pretende es que estos
números sigan aumentando.
La UE acaba de publicar los resultados
del “test inicial del fondo de rescate europeo”. Estableciendo que España
necesitaría recibir financiación exterior por valor de un 20% cada año -284.000
millones- hasta 2030. Y el Tesoro Público acaba de estimar para este año una
necesidad de financiación bruta de 300.000 millones.
Volvamos la mirada a 2008.
La dependencia de la financiación
exterior es la principal vulnerabilidad de la economía española, fue el dogal
del que se estiró para imponer el programa de saqueo en 2010 y 2012.
De 2001 a 2008 asistimos a una expansión
internacional de la oligarquía, que multiplica por cuatro el capital exportado.
Pero no se trataba de capital propio, grandes bancos y monopolios españoles
recurrieron al endeudamiento exterior, cargando su peso sobre el conjunto del
país. Durante ese periodo la deuda externa española global aumentó en un billón
de euros. En 2008 la deuda pública representaba el 16% y la privada el 84%.
Para sostener el crecimiento global de
la oligarquía, y explotar internamente un sector de la construcción que ofrecía
enormes ganancias gracias a la duplicación de los precios de la vivienda, en
2007 se necesitó financiación exterior por valor de 106.388 millones, el 9,65%
del PIB.
Cuando estalló la crisis en Wall Street,
las grandes burguesías del planeta tiraron de ese dogal para someter a España a
un vertiginoso saqueo y degradación.
Exigiendo una “socialización” del pago
de la deuda contraída con el capital extranjero. En 2011 el 85% de la deuda del
país era privada, y el 62,5% de esa deuda privada correspondía a bancos y
grandes empresas.
Los bancos españoles debían a sus
homónimos foráneos 775.000 millones y las empresas no financieras -en su mayor
parte grandes monopolios- 624.000. Para sufragarlo, se impuso que la deuda
pública se disparara del 36,3% al 98,7% del PIB.
Y esa deuda fue la palanca principal
para quebrar las resistencias internas a la ejecución del mayor paquete de
recortes de la historia.
Si
un recurso a la financiación exterior que llegó hasta el 10% del PIB en 2007
tuvo esas consecuencias, ¿qué efectos puede tener que, como se anuncia, se eleve
ahora hasta el 20%, exactamente el doble?.
De entrada, ese incremento del montante
de la deuda -hasta el 120% este año, que todos dan por seguro- supone, aunque
se mantengan las mismas condiciones, un gasto extra de 8.000 millones anuales.
A ello se debe sumar que, según la Airef, un aumento de un 1% en los intereses
representa un gasto adicional de 18.700 millones. No es una predicción sin
fundamento: la prima de riesgo española ha subido desde el estallido de la
pandemia de los 64 a los 118 puntos, y los intereses de la nueva deuda se han
incrementado 1,01 puntos desde enero. Si sumamos las dos cantidades se elevaría
lo que pagamos cada año, solo en intereses de la deuda, hasta los 48.000 millones, tres veces más de
los fondos que todas las comunidades disponen para el refuerzo sanitario
durante la pandemia.
Pero, además, supone una vez más un
privilegiado instrumento de intervención política. Permanentemente se desliza
que, “para poder recibir ayuda de Europa”, deberemos “hacer las reformas
estructurales necesarias”.
Sea bajo formas duras -un rescate
abierto- o más flexibles -como aspira el gobierno-, la inyección de liquidez
procedente de la UE se va a traducir en un mayor control de las cuentas
públicas y de la política económica española desde Bruselas. Y la necesidad de
“digerir la montaña de deuda”, ya es esgrimida como bandera para que aceptemos
“una década de recortes”.
Ya está sucediendo, aunque se silencie
convenientemente. Grandes fondos, especialmente norteamericanos (Goldman Sachs,
JP Morgan, Pymco), han declarado que “España es una oportunidad” para comprar.
El pasado 19 de marzo, poco antes de que
se decretara el estado de alarma. JP Morgan Chase anunciaba que había
aprovechado los días de turbulencias para elevar su participación en Repsol
desde el 2,1% al 6,2% de su capital. Y el 20 de mayo, un día después de que se
levantara la prohibición de las “operaciones bajistas” - utilizadas para bajar
el precio de una acción y comprarla en mejores condiciones- el fondo
norteamericano BlackRock incrementó su participación en Bankia, convirtiéndose
en el segundo accionista tras el Estado, tomando posiciones, en nombre del gran
capital norteamericano, ante una futura privatización.
Estos días el capital extranjero,
fundamentalmente norteamericano, se ha convertido en propietario del 96% de
todas las autopistas privatizadas en España. Y, sobre todo, un monopolio del
Ibex-35 como OHL, asfixiado por la deuda, ha sido entregado al control de la
familia mexicana de los Amodio, especialmente vinculada al capital
norteamericano. Un camino similar puede seguir Abengoa, que acaba de presentar
su tercer plan de salvación, y busca desesperadamente, cada vez por un precio
menor, un “socio financiero”.
En el blanco del capital extranjero
pueden estar más grandes grupos oligárquicos. Hasta 14 monopolios del Ibex
pueden pasar en esta crisis a la categoría de “ángeles negros”, empresas cuyos
títulos sean rebajados a la categoría de “bono basura”, estrangulando su
financiación. Convirtiéndolos -como OHL o Abengoa- en presas “abatibles”.
La
crisis generada por el COVID-19, golpea dos sectores especialmente sensibles
para la economía española: las exportaciones y la industria del automóvil. En
sus efectos volvemos a encontrar volvemos a encontrar el “virus” que mina
nuestras defensas: la dependencia exterior.
En 2019 se registró un récord en el
volumen de las exportaciones españolas: 298.000 millones, un 24% del PIB. Un
enorme salto respecto a 2009, cuando su valor era de 163.000 millones y
representaba el 15,2% del PIB. Pero el crecimiento de ese alabado “motor
económico”, el sector exportador se sustentaba sobre cimientos no frágiles sino
tóxicos.
Primero, porque se nos ha impuesto una
dependencia cautiva de un reducido número de clientes. El 66,3% de nuestras
exportaciones se dirige a la UE. Un porcentaje que lejos de disminuir, aumenta
-en 2018 fue del 64,8%-. Y esa dependencia se multiplica si nos fijamos en las
principales potencias. Solo tres países de la UE -Francia, Alemania e Italia- copan el
34% de todas las exportaciones españolas. Si le sumamos el “bloque anglosajón”
-EEUU y Reino Unido-, el resultado es que el 44,5% de nuestras exportaciones,
prácticamente la mitad, depende de solo 5 países.
Esta realidad provoca hechos
sorprendentes. A pesar de que solo representa el 15% del comercio mundial, la
UE concentra el doble del comercio exterior español que unas economías
emergentes que supondrán el 60% del crecimiento global en los próximos diez
años. España exporta más a Bélgica que a China, y el doble a Alemania que a
toda América Latina.
Esta “relación comercial cautiva”
perjudica gravemente los intereses nacionales. Primero, nos somete a las
imposiciones de ese reducido puñado de grandes potencias. Sufriendo en mayor
grado la contracción de la demanda en la UE -o el cierre de fronteras tras el
estallido de la pandemia-, o condenándonos a aceptar condiciones más
draconianas -como el aumento de aranceles decretado por EEUU-.
Pero además, supone un trasvase de
riqueza al exterior. El año pasado, el mismo en el que se celebraba el “récord
de exportaciones”, el déficit comercial de España con el exterior fue de 32.000
millones. Y contando un solo país, Alemania, el déficit comercial de España en
los últimos 4 años suma 31.900 millones.
¿Cómo es posible que cuando más
exportamos... el intercambio comercial con el exterior siempre nos salga a
pagar?.
Los grandes monopolios extranjeros -un
0,2% del total de empresas- controla... ¡el 44,5%! del total de exportaciones
españolas. Ellos son quienes nos imponen las condiciones.
El resultado, como revela un reportaje
de El Confidencial, es que “la industria nacional se ha convertido, en muchos
casos, en mera ensambladora de productos fabricados en otros países, de modo
que el valor añadido es muy bajo”.
Es decir, importamos las partes más
tecnificadas, de mayor valor añadido, donde se concentra la ganancia, y
exportamos bienes ya elaborados.
La Fundación BBVA confirma la factura de
esa dependencia: “en la actualidad, el valor añadido doméstico de las
manufacturas españolas no alcanza el 40% de sus exportaciones brutas”. Es
decir, de lo que se contabiliza como “exportaciones españolas”, el 60% de las
ganancias que generan vuelan fuera de España. Es un porcentaje 20 puntos mayor
que hace dos décadas. Del “negocio exportador español”, el capital extranjero
se queda una parte cada vez mayor.
Somos el 2º productor europeo, y el 8º
mundial. La automoción representa el 10% del PIB, y 2 millones de puestos de
trabajo están ligados al sector. Somos una potencia mundial del automóvil, pero
el 100% de esa industria estratégica está en manos del capital extranjero.
Esto supone que, puesto que el bastón de
mando está en el extranjero, su futuro está en riesgo. Ante los efectos de la
pandemia, todas las grandes burguesías anuncian la “repatriación de empresas”.
Y en España, eso puede suponer la destrucción de una parte de la industria del
automóvil. Nissan ha anunciado el cierre de las fábricas de la zona franca,
Renault-Peugot, con cuatro grandes fábricas en España, amenaza con un traslado
a Francia de parte de la producción, Ford prepara el cierre de la planta de
motores en Almussafes para trasladarla a EEUU...
Y, aún en el caso de que no se traslade
la producción fuera de España, el dominio total del capital extranjero impone
un elevadísimo grado de expolio.
España es para las multinacionales del
automóvil una enorme planta de ensamblaje y una gigantesca plataforma de
exportación.
El 82% de los vehículos fabricados en
España se destinan a la exportación. Este es un enorme negocio para el capital
extranjero. España posee un elevado nivel técnico y una gran productividad,
pero los costes laborales son más reducidos, especialmente tras las sucesivas
reformas laborales.
Y el capital extranjero impone que
España importe la gran mayoría de los componentes -más caros- para dedicarse a
ensamblarlos y vender el vehículo. El 52% de los insumos que utiliza la
industria automovilística española son extranjeros, 20 puntos más que en
Alemania. El resultado es que el sector del automóvil, que genera un 13% de las
exportaciones, apenas aporte un 4% del valor añadido total de sector
exportador. Y de ese valor añadido, el 80% se lo queda el capital extranjero,
mientras solo el 20% repercute en nuestro país.
Estas
son relaciones que adquieren en muchos casos los rasgos de un país
semi-colonial, pero en una economía altamente desarrollada como la española,
multiplicando así el grado de saqueo exterior.
CONTINUARÁ.
PARA LA REFLEXIÓN:
- ¿Qué dudas o preguntas nos generan estos textos?.
- ¿Qué ideas principales hallamos en ellos?. ¿qué síntesis haríamos al respecto?.
- ¿Qué otras informaciones aportaríamos que pudieran ampliar estos datos, mejorarlos o rectificarlos caso de que no los veamos correctos?.
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