Consecuencias sociales del COVID-19 y las 4 dependencias (II)

En una situación todavía grave, y bajo el peligro de un rebrote en la fase especialmente delicada de la desescalada, se ha conseguido, gracias al esfuerzo conjunto de toda la sociedad española, contener la emergencia sanitaria.

Y es en estos momentos donde se coloca en primer plano las consecuencias que la “pandemia económica” va a tener para nuestro país.

Todos coinciden en que enfrentamos la peor crisis económica desde la Guerra Civil, con una magnitud mucho mayor que la debimos enfrentar tras 2010.

El Banco de España cifra la caída del PIB este año entre un 9,5% y un 12,4%.
Y resalta que solo en 2023 podremos recuperar los índices previos al estallido de la pandemia. Pero otros organismos nacionales e internacionales van más allá, cifrando el retroceso de la economía española en torno entre el 15% y el 20%.

El incremento de la deuda pública, que inicialmente se fijaba en un límite del 115%, se sitúa ahora en el 122% por parte del Banco de España, y en el 125% por parte de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal creada tras el “rescate” de 2012 y de donde viene el ministro Escrivá).

Los primeros índices oficiales publicados, correspondientes al primer trimestre, fijan la deuda pública en niveles que no se alcanzaban desde 1909.

Los índices de paro se elevan hasta el 21,7%, por parte del Banco de España, con entre 1,5 y 2 millones de puestos de trabajo perdidos, y un horizonte de 5 millones de parados.

La crisis ha provocado ya el cierre de 133.000 empresas. Y se prevé que desaparezcan de forma inmediata 240.000 pymes y 300.000 autónomos.

En una entrevista en El País, Anta Patricia Botín ha fijado las líneas maestras de la posición de la oligarquía.

Primero, la exigencia de liquidez ilimitada de dinero público. Aceptando la necesidad de contener la hemorragia social, pero situando la prioridad en “apoyar al empresario y a todas las empresas”.

Demandando que esa inyección de dinero público sea mayor que la actual, recordando que “mientras el programa de avales del ICO equivale al 10% del PIB, el equiparable en Alemania supone el 30%”.

Segundo, remarcando lo que no se puede hacer, y lo que será inevitable ejecutar.

Descartando subidas de impuestos a bancos o monopolios. Y exigiendo un “acuerdo político” donde “todos debemos ser conscientes que el Estado de bienestar no se puede pagar indefinidamente con deuda (…) y para ello hacen falta cambios estructurales (...) con amplios consensos para que sean irreversibles”.

Tercero, anticipando que hay que aumentar la deuda con el exterior, y que un rescate europeo con condiciones será inevitable.

La cabeza de la oligarquía establece claramente que “en España necesitamos inversión, y la nacional no es suficiente”. Por tanto lo fundamental es “crear las condiciones para que los inversores, de dentro y de fuera, inviertan y confíen en nuestro futuro”.

Respaldando los intentos del gobierno por alcanzar alguna forma de mutualización de la deuda. Pero situando que “para que Europa nos apoye, las políticas de salida de la crisis tienen que (...) ser compatibles con la futura estabilidad de las finanzas”.

El Banco de España y la AIReF han puesto números y plazos a las líneas maestras expresadas por Ana Patricia Botín.

El gobernador del Banco de España ha situado que “habrá que gastar [dinero público] con contundencia (…) No hay otra alternativa”. Pero anticipando que tras ese periodo “el ajuste es inevitable”, y deberá abordarse con “un pacto político para varias legislaturas”. Fijando el plazo “más allá de 2030”, al menos una década.

Cuantificando el ajuste en 6.000 millones anuales a partir del 2022. Y remarcando que “lo previsible es que se produzcan alternancias en el poder, pero las reformas estructurales deben permanecer”.

La AIReF, ha sido más brutal. Propone diez años de recortes: “un esfuerzo similar al realizado tras el rescate de 2012, equivalente a 0,9 puntos del PIB cada año (unos 10.000 millones)”, hasta 2028. Para luego abordar otra década de “equilibrio presupuestario”, con “déficit cero y superávit primario”.

La oligarquía en pleno -con matices”- coinciden en las líneas maestras:

Gigantesca socialización del gasto que genera la pandemia a través de un enorme endeudamiento del Estado.

Durante todo el 2020 expansión sin límites del gasto público, con el recurso a la deuda: limitándolo en el campo social -renta ciudadana aprobada pero en su versión más reducida-, y ampliándolo en la inyección de liquidez a las empresas.

Esto en un contexto donde se va a producir un descensos de salarios y rentas, y un ajuste brutal para pymes y autónomos -pueden desaparecer en el corto plazo un 10%, y entre un 30% y un 50% con su supervivencia amenazada en el medio plazo-.

Lo que significa que este enorme endeudamiento público es una transferencia de rentas desde el 90% a la oligarquía o el capital extranjero.

Un “pacto de Estado” para gestionar los recortes. Blindándolos a través de un acuerdo entre las principales fuerzas para que, independientemente de los cambios de gobierno, no puedan revertirse.

Aceptando que habrá capítulos intocables -la sanidad- y concesiones necesarias -renta mínima- para evitar una explosión social. Pero fijando ya claramente:

1. Mantenimiento de la reforma laboral, sin que sus pilares fuertes puedan ser derogados. La sola mención de una “derogación íntegra de la reforma laboral” ha desatado una crisis de gobierno. Y multiplicado los llamamientos sobre “la necesidad de ampliar la flexibilidad laboral”.
2. Imponer una nueva “devaluación interna”, hablando de la necesidad de una “disminución del bienestar” o de un inevitable horizonte de “empobrecimiento de las clases medidas y los trabajadores”.
3. Y comenzando a cuantificar hasta donde deben llegar las rebajas salariales. El Banco de España acaba de publicar un estudio donde se certifica que los trabajadores jóvenes “consiguen, en promedio, cerca de un 25% menos de ingresos laborales” que hace una década. Añadiendo que este fenómeno, lejos de ser una consecuencia pasajera de la crisis de 2010, debe pasar a convertirse en un rasgo estructural: “El fenómeno de salarios medios más bajos observado tras la crisis financiera para las generaciones más recientes podría obedecer no a causas relacionadas principalmente con la posición cíclica de la economía, sino a factores de naturaleza estructural y, por tanto, tendrían un carácter más permanente”. Mientras varios estudios publicados estos días anticipan que, en las nuevas contrataciones, va a producirse una reducción de salarios cifrada entre un 5% y un 10%, en el escenario más optimista, y entre un 10% y un 20% en el más pesimista.
4. Insistir en la “insostenibilidad de las pensiones”.
5. John de Zulueta, presidente del Círculo de Empresarios, ha llegado a proponer que, puesto que la inflación será negativa en un 0,7%, se deberían recortar las pensiones a ese nivel este año. Y ya se utiliza el incremento del déficit de la Seguridad Social, que ha escalado hasta los 80.000 millones, para reclamar “profundos cambios en las condiciones de acceso a las pensiones y en las fórmulas para financiarlas”.
6. Ajustes fiscales, declarando que “debería ser por la vía de reducción de gasto y no de elevar impuestos”. Lo que conduce inevitablemente a recortes en gastos sociales.

Imponer la aceptación de una masiva llegada de capital extranjero. Reafirmando que será inevitable una u otra forma de rescate europeo.

La mayor intervención de la UE es también para la oligarquía un muro de contención frente a las políticas que exige la mayoría progresista, y un marco que facilitaría un nuevo salto en el saqueo. Por eso La Vanguardia habla de que: “No es extraño por tanto que cada vez sean más los hombres de negocios que confiesan en privado que lo mejor que nos puede pasar es que la troika nos intervenga. Es decir, que vuelvan los hombres de negro y hagan lo que el Ejecutivo no es capaz de hacer: recortes en el gasto en sanidad, en educación, en el salario de los funcionarios y congelación de las pensiones”.

Pero la ejecución de ese proyecto de recortes, si puede llevarse adelante y bajo que formas, con que intensidad y en qué plazos, ni está decidido de antemano ni va a depender solo de la voluntad de la gran banca española, Bruselas o el FMI.

En los próximos meses va a desatarse una feroz batalla, que viene desarrollándose desde 2010. Durante la última década la situación nacional ha estado determinada por la lucha entre las fuerzas que pretendían imponer nuevos saltos en el saqueo sobre el 90% de la población y en el expolio sobre las riquezas nacionales, por un lado, y las enormes resistencias que el desarrollo de ese proyecto ha levantado en la sociedad española, por otro.

En España se ha levantado un gigantesco movimiento de lucha contra los recortes, que no solo ha demostrado una enorme capacidad de resistencia, sino que ha obtenido importantes victorias: imponiendo la derogación de la reforma de las pensiones aprobada en 2012 -con la retirada del tope de subida del 0,25% y el “factor de estabilidad”-; alcanzando sucesivas subidas del salario mínimo interprofesional antes impensables; revirtiendo parte de la privatización de la sanidad en Valencia o Madrid...

Y la quiebra del bipartidismo, donde sólo dos partidos -PSOE y PP- copaban el 80% o más de los votos, ha permitido el avance de la influencia política de la mayoría progresista, hasta imponer -contra la voluntad de importantes centros de poder internacionales y nacionales- el gobierno más a la izquierda de toda Europa.

En la sociedad española, especialmente en las clases populares, existen recursos y fuerza para enfrentarse a esa “década de recortes” que pretenden imponernos.

Que se expresa en un amplio tejido político y social de organizaciones de lucha, desde síndicatos y comités de empresa al movimiento feminista, desde las organizaciones de la España vaciada a los movimientos en defensa de las pensiones, la sanidad y la educación públicas.

Quieren silenciarla, pero en todas las encuestas, sean del signo que sean, vuelve a demostrarse que existe una mayoría progresista, y que las fuerzas que más agresivamente defienden los recortes no pueden alcanzar en ningún caso una mayoría de gobierno.

Pero, y eso es más importante, cuando la sociedad española puede expresarse, siempre apoya medidas que vayan en la dirección de la redistribución de la riqueza. En varias encuestas aparece una mayoría superior al 80% partidaria de subir impuestos a bancos, monopolios y grandes fortunas para incrementar la inversión en sanidad y en políticas sociales. Esta es una mayoría en la que no solo se incluye la izquierda, sino también sectores tradicionalmente ubicados en el ámbito “conservador”, desde una parte de la Iglesia a pymes y autónomos.

A pesar de los intentos por minimizarlos, a cada salto en los recortes le ha sucedido un avance de la mayoría progresista y del movimiento de lucha popular. Y va a volver a suceder ante unos proyectos cuya agresividad vuelve a atentar contra intereses básicos del 90%. Existen no solo recursos sino también condiciones para poder unir, incluso por encima de la división entre izquierda y derecha o de la posición ante el actual gobierno a amplios sectores en torno a una línea de redistribución de la riqueza que pueda expresarse social y políticamente.

CONTINUARÁ.

PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿Qué preguntas o dudas nos genera esta entrada?.
2. ¿Qué síntesis haríamos de las ideas aquí vertidas?.
3. ¿Qué otras informaciones aportaríamos que pudieran ampliar estos datos, mejorarlos o rectificarlos caso de que no los veamos correctos?.
4. ¿A qué conclusiones llegamos?.