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Dos alternativas de clase para enfrentar la crisis
Redistribuir la Riqueza es hoy más urgente y necesario
TESIS 3: La Redistribución de la Riqueza se traduce hoy en un programa de medidas concretas, dirigido al conjunto del país, que permitiría no solo contener la doble pandemia, sanitaria y económico-social, sino también colocar a la economía española en el camino de emprender un desarrollo acorde a sus enormes potencialidades, al tiempo que se eleva el nivel de vida de la mayoría de la sociedad.
Tal y como plantea un economista como Juan Torres, debemos “redistribuir más justamente la riqueza para impedir que se siga concentrando sin límite en quienes más tienen”.
Para superar la pandemia económica generada por la Covid-19, debemos aplicar un programa de Redistribución de la Riqueza que hoy es más necesario y urgente. Que, desde Unificación Comunista de España y Recortes Cero (plataformas políticas que se están planteando este tema muy en serio), van impulsando desde 2009, y que, como refrendan numerosos economistas y organizaciones, hoy no solo es posible sino que podría dar respuesta a las principales demandas sociales.
Una reforma fiscal auténticamente progresiva.
Una reforma fiscal auténticamente progresiva.
Esto supone multiplicar el “negocio fiscal” para unos pocos -y el expolio para la gran mayoría- al que puso cifras Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), en una reciente comparecencia en el Congreso.
Lo que se recauda por el Impuesto de Sociedades, lo que las empresas tributan por sus beneficios, es hoy 21.090 millones menor que en 2007. ¿Han disminuido los beneficios? No, han aumentado un 23%. La razón es que, gracias a una “ingeniería fiscal” amparada por el Estado, han provocado que en 2018 hasta 152.638 millones de esas ganancias no paguen impuestos. Los grandes beneficiados, que concentran un 75% de esa cantidad, son solo 5.397 grandes grupos empresariales.
El resultado es que, mientras las pymes pagan un 15,14% de sus menguadas ganancias a Hacienda, los grandes grupos solo abonen un 5,7%.
Si los grandes bancos y monopolios pagarán el tipo que les corresponde, un 30%, se recaudarían 21.000 millones más. Si abonaran el 50% Hacienda ingresaría 36.456 millones más cada año.
En su comparecencia, Carlos Cruzado, abogó por un plan de lucha contra el fraude fiscal, que en un 72% es responsabilidad de bancos, grandes fortunas y multinacionales, de forma que podrían recaudarse 34.500 millones más cada año.
Por eso, Gestha llamó en el Congreso a abordar una “reforma tributaria completa que incremente la progresividad fiscal y aumente la contribución de grandes empresas y grandes fortunas”.
Solo con elevar al 75% el IRPF que pagan las grandes fortunas con rentas superiores a 600.000 euros anuales podría recaudarse 3.182 millones adicionales.
Gestha también forma parte de una Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte sindicatos como CCOO y USO y organizaciones como Attac o Justicia y Paz, que promueve un programa para, a través de una fiscalidad progresiva, donde de verdad quienes más tienen más paguen, incrementar los ingresos hasta en 40.000 millones anuales.
Esta reforma fiscal progresiva, que solo afectaría a la enorme riqueza o beneficios acumulados por una ínfima minoría, y cuyas medidas están en buena parte avaladas por el mayor sindicato de técnicos de Hacienda, permitiría disponer cada año de 70.002 millones de euros adicionales, que hoy engrosan los beneficios y patrimonios de grandes bancos, monopolios, multinacionales y grandes fortunas.
Disponer de los recursos de una banca pública para reindustrializar el país.
A pesar de que se le ha obligado a desprenderse de una parte de sus activos, Bankia sigue conservando activos por valor de 208.468 millones de euros. Es el cuarto banco por volumen de activos en España. Y el Estado sigue siendo el principal accionista, al controlar un 61,3% de sus acciones. Sin embargo, tras invertir casi 23.000 millones de dinero público en sanearlo, ahora se impone, desde Bruselas y la gran banca, su privatización. Bankia debe convertirse en una gran banca pública, colocando sus activos al servicio del desarrollo del país.
Disponemos además de otra fuente de recursos: los 65.725 millones de dinero público invertidos en el rescate bancario, y que los grandes bancos, que se han beneficiado de él, deben devolver.
Debemos destinar estos recursos a un plan de reindustrialización del país que impulse el desarrollo de la economía productiva.
Generando 15, millones de nuevos empleos, la cantidad de puestos de trabajo que podrían destruirse en España a causa de la pandemia económica. Invirtiendo 50.000 millones en crear cada uno de ellos.
¿Por qué Alberto Garzón afirma poder crear un empleo con solo 15.000 euros y aquí aumentamos esa cifra a 50.000? Como hemos comprobado, el líder de IU piensa en empleos improductivos, necesariamente financiados con un mayor gasto público, y principalmente en el sector servicios, donde las condiciones de trabajo son peores. Nosotros proponemos nuevos empleos en proyectos vinculados a sectores productivos punteros, que generen nueva riqueza para el país, fijos y con un salario mínimo de 1.000 euros mensuales. La cifra de 50.000 euros por empleo es la inversión necesaria, según la Ford, para crear un puesto de trabajo en la industria en España.
Acabar con el expolio que supone la deuda pública.
¿Y a quién se lo pagamos?. Según las últimas estadísticas publicadas, la propiedad de 72,9% de la deuda pública española está en manos de grandes bancos e instituciones extranjeras.
Es urgente acabar con este expolio. Tal y como plantea un economista como Juan Torres “la deuda es el negocio de la banca”. Remarcando que “la razón que explica que la deuda crezca sin parar es que es el negocio de los grupos más poderosos del planeta, no solo económica sino políticamente. Dicho de otro modo, no será posible reducirla sin limitar el poder político de estos grupos”.
Es necesario un acto de voluntad política para imponer:
- Una moratoria en el pago de los intereses.
Solo con esta medida -y atendiendo a la media de lo pagado en los últimos cuatro años- nos ahorraríamos 31.000 millones anuales. Con ese dinero podríamos recuperar el primer año todos los recortes ejecutados en sanidad y educación, cuyas consecuencias hemos sufrido en grado máximo durante la pandemia. Y dedicar el resto a igualar el gasto social en relación al PIB con la media europea.
- Una auditoría ciudadana e independiente para determinar que parte de la deuda no ha sido destinada a satisfacer necesidades de la mayoría sino a favorecer a unos pocos. Declarando esa parte ilegítima y exenta de pago. Que la devuelvan quienes se han aprovechado de ella.
Juan Torres ha demostrado que el 85% de la deuda pública está prefabricada. Si el BCE prestará a los Estados 3 billones a tipos negativos, como hace con la banca, no existiría.
Subir salarios y pensiones.
Ya se está poniendo el foco en dos de las “reformas estructurales” que se exigirán dentro de “ajuste presupuestario” que se nos pretende imponer bajo la bandera de “digerir el exceso de deuda”.
Por un lado una reforma de las pensiones que no toque las actuales pero recorte las futuras. Añadiendo la extensión de la “mochila austríaca”, una fórmula donde se nos descontaría dinero de la nómina para invertirlo en fondos privados de pensiones.
Por otro, una nueva vuelta de tuerca a los salarios. Manteniendo incólume la reforma laboral, el marco que ha permitido aumentar la explotación. Y exigiendo, como se ha hecho en la “macro cumbre” de la CEOE “mayor flexibilidad laboral y rebajas salariales”, que algunos estudios sitúan en el 10% y otros en el 20%.
Frente a estas amenazas:
- Hay que blindar las pensiones en la Constitución y garantizar una pensión mínima de 1.000 euros.
El Banco de España informa de que la mitad de los pensionistas cobran menos de 1.000 euros. Mientras el ex presidente del BBVA, Francisco González, se ha embolsado 80 millones de euros de pensión. Y Ana Patricia Botín ya tiene acumulados 49 millones.
Para recuperar el poder adquisitivo perdido por las pensiones desde el inicio de la crisis, y subirlas progresivamente a 1.000 euros, se necesitan 11.800 millones de euros anuales.
¿De dónde salen esos recursos? No de un aumento del gasto público, sino de redistribuir la riqueza. Bastaría con el 20% de lo que podría recaudarse limitando los beneficios de grandes bancos y monopolios con una reforma fiscal realmente progresiva.
- Imponer una redistribución salarial donde nadie cobre menos de 1.000 y nadie más de 10.000
En un informe publicado por Gestha se denuncia que “136.052 altos directivos ingresan exactamente lo mismo que los 5,75 millones de trabajadores con sueldos más bajos”. Y según Eurostat, España es el tercer país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores pobres, un 12,9%. Un porcentaje que, como advierte Intermon Oxfam, va a crecer a causa de la pandemia económica.
Hay que subir salarios, pero no debe hacerse incrementando el gasto público, o lo que es lo mismo, la deuda que acabaremos pagando todos, sino redistribuyendo la riqueza. Aplicando un salario máximo de 10.000 euros mensuales a los 136.052 altos ejecutivos -que según Gestha ganan tanto como casi 6 millones de trabajadores- se liberarían 10.860 millones de euros. Que se invertirían en elevar los salarios más bajos.
TESIS 4: Una alternativa de Redistribución de la Riqueza debe estar dirigida a desarrollar un nuevo modelo de crecimiento, donde la economía y las riquezas nacionales no estén sometidas a los intereses y necesidades del gran capital extranjero y de la oligarquía española, lo que nos condena al país y al conjunto de la sociedad a vivir muy “por debajo de nuestras posibilidades”.
Identificar la redistribución de la riqueza, como hacen tanto PSOE como Podemos, con un “reparto de la riqueza” que se reduce a aumentar el gasto social por parte del Estado es una completa subversión.
Redistribuir la Riqueza es colocar los enormes recursos, que ahora se gestionan para aumentar las ganancias oligárquicas o del capital extranjero, al servicio de las necesidades de la población y del país.
Y eso incluye poder disponer de una parte de los activos de la gran banca para impulsar un plan de desarrollo que cree riqueza y empleo. Con una activa política de reindustrialización, de modernización del tejido productivo, de recuperación de las industrias estratégicas entregadas y malvendidas al capital nacional o extranjero y de creación de nuevos sectores industriales y estratégicos que hagan a nuestra economía dinámica, eficiente, competitiva y con un alto valor añadido. Reduciendo la dependencia exterior que lastra nuestro desarrollo y multiplica permanentemente el saqueo exterior y de la minoría oligárquica sobre la población y el país.
Se nos ha impuesto un modelo económico que ha permitido -como hemos comprobado- a los bancos y monopolios oligárquicos enriquecerse, mientras debilitaban las bases de la economía nacional, liquidando o entregando al control del capital extranjero industrias estratégicas, como la de automóvil, y aumentando el expolio exterior sobre las riquezas nacionales.
Necesitamos un nuevo modelo de crecimiento, la pandemia ha multiplicado la urgencia de abordar esta tarea.
Redistribuir la riqueza para crear una economía competitiva en un mundo globalizado, que se libere de las trabas que impone la dependencia exterior, ponga en marcha todas nuestras potencialidades para crear nueva riqueza y la coloque al servicio de los intereses de la nación y de las necesidades de la mayoría del país.
PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO:
- ¿Qué preguntas cuestiones o dudas nos surgen tras la lectura de esta entrada?.
- ¿Qué síntesis haríamos de todas las ideas expuestas tanto en este artículo como en el anterior?.
- ¿Añadiríamos otras propuestas o alternativas para enfrentar la crisis y que no vienen expuestas en estos artículos?, ¿cuáles?. ¿Cómo llevarlas a cabo?.
- ¿Qué grado de acuerdo o desacuerdo presentamos ante la lectura y reflexión sobre estas alternativas para enfrentar la crisis?.
- ¿Cuáles son nuestras conclusiones finales?.
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