1.- No es cierto que el sistema de pensiones público español cargue con un déficit imposible de asumir, que anuncia su quiebra e impone la necesidad de “reformarlo”, siempre en el sentido de recortarlo, para garantizar su futuro.
La realidad es que la reforma de las pensiones no está determinada por las cuentas deficitarias de la Seguridad Social. Es una imposición directa de las grandes potencias, de Washington y Berlín, a través del FMI o la Comisión Europea. Y su objetivo no es “garantizar la sostenibilidad de las pensiones” sino multiplicar el saqueo sobre el país y la población.El sistema de pensiones español mantiene una enorme fortaleza, que se basa en el sistema de reparto y la gestión pública de sus recursos.
Los grandes medios de comunicación presentan “estudios rigurosos” y opiniones de “expertos” en los que se afirma que el actual sistema de pensiones español es “un agujero de déficit”, dictan que las pensiones actuales son insostenibles porque “los números ya no salen”, y anuncian la quiebra de la Seguridad Social. Lo que callan es que estos estudios están financiados por organismos como Fedea, centro de estudios de la gran banca, por Inverco, patronal de los fondos de inversión españoles… El caso más escandaloso es el del Mercer CFA Institut Global Pensión Index, que sitúa al sistema de pensiones español entre “los más mediocres del mundo”. Mercer es una consultora norteamericana directamente vinculada al negocio de las pensiones privadas.
Estos mismos “centros de
estudios” llevan anunciando “la quiebra de la Seguridad Social” desde 1995. Si
sus predicciones fueran objetivas y creíbles, ya se habrían hundido muchas
veces las pensiones en España.
Estos estudios, financiados por
el gran capital financiero, utilizan los números para imponer como inapelable,
te guste o no, la necesidad de reformar el sistema de pensiones público.
La realidad es que la reforma de las pensiones no está determinada por las matemáticas, es una decisión política. Es un mandato impuesto desde el exterior, por las grandes potencias, EEUU y Alemania, a través de organismos como el FMI, la OCDE, la Comisión Europea… Sucedió en 2011, con la primera reforma ejecutada por Zapatero, y en 2013, con la segunda, y más dura. Impuestas a golpe de dictados de la Troika o dentro del mega-rescate a la banca. Ahora sucede lo mismo, la actual reforma de las pensiones, que debe estar culminada al finalizar 2022, es una imposición directa de la UE, utilizando el chantaje de condicionar a su aprobación la recepción de los 140.000 millones de fondos europeos.
El sistema de pensiones público
español es sólido,
y no hay amenaza de quiebra.
Se ha mantenido durante 54 años, ampliándose
y reforzándose, a pesar de las crisis. Su
viga maestra es el sistema de reparto, que se enfrenta a un sistema de capitalización. Estos
son sus rasgos
principales:
*Las pensiones se financian con las cotizaciones sociales, que van a engrosar la caja única de la Seguridad Social. En teoría, una parte de esas cotizaciones sociales las paga el empresario y otra el trabajador. En realidad, ambas surgen de la nueva riqueza que el trabajador genera.
Para 2021 se prevé que los ingresos por cotizaciones sociales superen los 125.000 millones de euros. 27.000 millones más que en 2013.
*Con las cotizaciones un trabajador no está “ahorrando para su pensión futura”, está pagando las pensiones de los jubilados actuales. Es el esfuerzo colectivo de la generación que está trabajando la que financia la pensión de la generación anterior, que está jubilada.
Por el contrario, un sistema de capitalización está sostenido únicamente por el “ahorro individual”. Lo que aporta cada trabajador va a una
“cuenta individual”, y determina su pensión. Quien tenga salarios más elevados
cobrará una pensión mayor, y
quien no haya podido “ahorrar” no tendrá
pensión alguna.
Todos los sistemas públicos de
pensiones se han podido construir porque en su origen se han basado en un sistema
de reparto. Y los sistemas de capitalización son los que emplean los fondos de pensiones privados.
Está basado en la solidaridad entre
generaciones. Al estar basado en el esfuerzo colectivo de toda la sociedad, su fortaleza es mucho
mayor que uno basado en el “ahorro
individual”.
Pagar las pensiones de las generaciones anteriores con el trabajo actual hace que el gasto sea más sostenible, gracias a que la capacidad de generar riqueza ha aumentado. Si hoy destinamos a pagar pensiones el mismo porcentaje del PIB que en 2002, estamos gastando el doble porque el PIB se ha duplicado.
Al ser su gestión exclusivamente pública, pueden tomarse decisiones que no estén regidas por el beneficio. Establecer una pensión mínima y una pensión máxima, al margen de lo que uno haya aportado. Crear las pensiones no contributivas, para que quienes no han podido cotizar la tengan, garantizando su universalidad. Actualizar las pensiones para que no pierdan poder adquisitivo. Y las pensiones -también su cuantía- quedan garantizadas, utilizando si es necesario una parte de lo recaudado a través de impuestos a los más ricos.
Por el contrario, un
sistema de capitalización ataca a las clases populares con menor capacidad de ahorro, que tendrán una pensión “mínima” o
no la tendrán. Especialmente en España, con bajos salarios y mayores índices de temporalidad y
precariedad. Se guía por el beneficio, y no admite pensiones no contributivas, ni pensión mínima, ni actualización de
las pensiones… Y la pensión no está garantizada. Si no has ahorrado, o el fondo
de pensiones quiebra, no habrá pensión, y en el caso de
cobrarla, si hay pérdidas
será recortada.
Los números
que nos presentan, con los que argumentan que el sistema de reparto es “una fuente inagotable de déficit” que “se
dirige a la quiebra”, son una fake news. Con unas cuentas reales, la SS no tiene déficit sino superávit.
El déficit de la Seguridad Social -producto
de que el pago de las pensiones es superior a lo que se ingresa por cotizaciones sociales- se elevó en
2020 a 30.000 millones de euros.
Pero ese déficit está “prefabricado”.
En uno de sus informes el Tribunal de Cuentas
ha reconocido que ente 1989 y 2013 se cargó a la Seguridad Social gastos que no le correspondían por
valor de 103.690 millones de euros.
La AIReF reconoce que en 2023 esos “gastos
impropios” cargados a la Seguridad Social ascenderían a 22.871 millones,
mientras que el déficit previsto sería de 20.185
millones. Es decir, que de no cargarse estos “gastos impropios”,
la caja tendría superávit.
El otro dato que esgrimen quienes atacan el
sistema de pensiones público es la quiebra del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se creó en el año 2000, para
reservar los excedentes -muchos años sobraba
dinero de lo recaudado por cotizaciones tras pagar todas las pensiones-
para hacer frente a momentos difíciles. Ese
fondo se invertía en comprar deuda, principalmente española. Una inversión
segura, y además rentable, generando
casi 30.000 millones de beneficios. Esa
“hucha de las pensiones” llegó a tener 66.815 millones de euros en 2011.
Entonces, se tomó
la decisión política de vaciarlo. El gobierno de Rajoy utilizó su mayoría
absoluta para abolir el límite legal
que impedía sacar del fondo más del 3% de su total. Mientras se cargaban gastos impropios a la Seguridad Social, se vaciaba su “hucha”,
que ahora solo dispone de 2.153
millones.
(CONTINUARÁ)
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