Cinco razones frente a cinco mentiras (y V)

   Continuación del artículo "Cinco razones frente a cinco mentiras (IV)".

5.- No es cierto que el envejecimiento de la población y el aumento del número de jubilados obligue a recortar las pensiones para garantizar su sostenibilidad en el futuro. Ni es verdad que la ampliación de la edad de jubilación sea necesaria para garantizar que en el futuro los sectores más débiles y desprotegidos puedan cobrar una pensión digna.

La clave de la sostenibilidad de las pensiones no está en la demografía, ni en la relación entre pensionistas y trabajadores activos, sino en la capacidad del país para crear riqueza. Un aumento de ésta, medido en el crecimiento del PIB, hace que un gasto mayor en pensiones sea perfectamente sostenible sin recorte alguno. Y la ampliación de la edad de jubilación es un ataque especialmente perverso a las clases populares, cuya esperanza de vida puede ser una década menor que la de las clases más adineradas. Al alargar la edad de jubilación, se está obligando a los primeros -los más pobres- a  trabajar dos -o cuatro- años más para sufragar las pensiones de los segundos -los más ricos- que  les sobrevivirán de media una década.

Utilizan un argumento aparentemente indiscutible para obligarnos a aceptar sus recortes: la demografía es inapelable, y queramos o no, el envejecimiento de la población, que disparará en los próximos años el número de pensionistas, nos obliga a recortar las pensiones si queremos que sean sostenibles.

Afirman que los 9,5 millones de pensionistas actuales se transformarán en más de 15 millones en 2050. Y que la proporción entre trabajadores -que con sus cotizaciones pagan las pensiones- y jubilados se reducirá de 2,23 activos por persona retirada a solo 1,3.

Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, afirma que “el gran avance social que supone el aumento progresivo de la esperanza de vida se puede volver en contra si no se toman medidas compensatorias por el lado de los gastos del sistema”. Y el Instituto Santa Lucía, propiedad de una de las principales aseguradoras del país, le pone números: las pensiones deberían recortarse de media un 35%, tijeretazo que podría llegar en algunos casos al 50%.

Sus cuentas, aparentemente “objetivas” e “indiscutibles” están trucadas, son una trampa. Porque no es la demografía, el envejecimiento general y el aumento del número de pensionistas, el factor que decide si un sistema de pensiones es sostenible. Los hechos desmienten sus números, y las predicciones catastróficas utilizadas para imponer nuevos recortes.

Decir que en 40 o 50 años no se sostendrá el sistema de pensiones porque se habrá reducido el número de trabajadores que han de mantener a cada pensionista, es igual de absurdo que, en 1960, alguien hubiera pronosticado para el año 2010 grandes hambrunas en España porque el número de trabajadores dedicados a la agricultura iba a pasar del 18 al 2% de la población activa. La trampa reside en que, debido a la multiplicación de la productividad, un 2% produce hoy 10 veces más alimentos que el 18% de hace medio siglo. Lo mismo ocurre con las pensiones.

A mediados de los años noventa, los grandes bancos publicaron estudios que, utilizando proyecciones demográficas, predecían la quiebra del sistema de pensiones si no se ejecutaban recortes. Veinte años después, el número de cotizantes se había duplicado gracias a la inmigración y al salto en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, y las cuentas de la Seguridad Social no sólo no eran insostenibles sino que ofrecían un superávit de casi 70.000 millones de euros.

De 1980 a 2010 el número de trabajadores activos por cada pensionista se redujo a la mitad, la cantidad de pensionistas se triplicó, y se pasó de destinar a pensiones del 3% del PIB al 8%. Según lo que hoy nos plantean quienes exigen recortar las pensiones, eso debería haber conducido a la quiebra de la Seguridad Social. Sucedió exactamente lo contrario. La razón es que en ese periodo el PIB español se multiplicó por 2,5. Esa mayor capacidad de creación de riqueza permitió aumentar el gasto en pensiones y al mismo tiempo fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones, que acumuló superávit.

Apliquemos estos principios a la actualidad.

Hoy dedicamos a pensiones el 11,9% del PIB. Vamos a darle al PIB actual el valor de 100 euros para simplificar la cuenta. Por tanto es como si dedicáramos 12 euros, redondeando, de la nueva riqueza creada cada año. Y nos quedan 88 para repartir entre el resto de rentas (salarios, beneficios, impuestos…) y gastos (sanidad, educación, inversión…).

¿Qué pasaría si en 2050 pasamos a dedicar a pensiones no el 12% del PIB, sino el 16%, como anuncian algunas predicciones?. ¿Sería un gasto “insostenible”?. Al contrario. Porque dentro de 30 años, nuestra capacidad de generar riqueza no será igual que la actual, sino mayor. La media de crecimiento anual del PIB español en los últimos 30 años ha sido del 2,35%. Si se reproduce hasta 2050, entonces el PIB que le hemos dado valor de 100, habría aumentado hasta 200,74, es decir, se habría duplicado. Si dedicáramos un 16% de ese PIB por valor de 200, a pensiones sería como si gastáramos 32 y nos quedarían 168 para otras rentas y gastos. El doble de lo que hoy tenemos.

¿Dónde está la “insostenibilidad de las pensiones” que nos vaticinan?.

Por eso, porque el PIB ha crecido y aumenta la capacidad de creación de riqueza, se ha podido aumentar, en España y en Europa en las últimas décadas el gasto en pensiones, en volumen y en porcentaje del PIB, y no se ha producido ninguna “quiebra”.

Es mentira que la única manera de garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el futuro sea recortarlas. Si ponemos la vista en 2050, lo que más fortalecería el sistema público de pensiones, al margen de los cambios demográficos, es una política de creación de riqueza y empleo.

En la UE-27, el 73,1% de la población de entre 20 y 64 años trabaja, en España solo el 56,29%. Si se reduce la tasa de paro del 14,3% actual a las cotas de 2007 -un 8,57%-, la Seguridad Social dispondrá de 2 millones de cotizantes más, y sus ingresos aumentarían considerablemente. Actualmente, los nuevos puestos de trabajo que se crean son en su mayoría temporales y precarios, y solo pagan a la Seguridad Social la cuota mínima. Si con una política de reindustrialización se crean empleos fijos, subirán las cotizaciones. De la misma manera, si se elevan los salarios, mayores serán las cotizaciones que paguen y más sostenible serán las pensiones.

En 2010, bajo el gobierno de Zapatero, se aprobó la ampliación de la edad de jubilación a los 67 años, que deberá entrar en vigor en 2027. Ahora, algunos centros de estudios de la oligarquía, como el Instituto de Estudios  Económicos, exigen que vuelva a ampliarse hasta los 70 años.

Se afirma que el aumento de la esperanza de vida aumenta el gasto en pensiones, y eso obliga a recortarlas. Lo que callan es que ese incremento en la esperanza de vida tiene un diabólico sello de clase. En Barcelona, el informe “Desigualdad 1 – Igualdad de oportunidades 0” denuncia que en los barrios más ricos la esperanza de vida es 11 años mayor que en los más pobres. En Madrid, según la Universidad Carlos III, esa diferencia de clase se traduce en 10,3 años de vida, más o menos. Estas diferencias se deben a que el nivel de salud de la población depende, sobre todo, de la clase social a la cual se pertenece. Un trabajador no cualificado tiene a los sesenta años el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta. Este último sobrevivirá al primero entre diez y once años.

El número de años cotizados necesarios para poder cobrar el 100% de la pensión subirá de los 35 exigidos en 2011 a los casi 39 necesarios en 2027. Con las actuales cifras de paro y temporalidad, sólo un porcentaje mínimo podrá tenerlos. La alternativa para el resto, si quiere aumentar la cuantía de su pensión, es trabajar más años. Esta ampliación de la edad de jubilación a los 67 o a los 70 significará que las clases populares estarán cotizando dos o cinco años más para pagar la jubilación de los más ricos, que disfrutan, como media de diez años más de pensión al tener una esperanza de vida mayor.