Cinco razones frente a cinco mentiras (III)

 Continuación del artículo "Cinco razones frente a cinco mentiras (II)".

3.- No es cierto que los sistemas de capitalización bajo control de los fondos privados, al “ajustar ingresos y gastos” y “controlar el déficit”, sean más eficientes y sostenibles que los basados en un sistema de reparto bajo gestión pública.

La realidad es que las pensiones privadas, al someterlo todo a maximizar el beneficio de los grandes fondos, no solo provocan una tragedia social, reduciendo el nivel de vida de los pensionistas. También elevan los costes, provocando más déficit. Y son mucho más inestables que un sistema público y de reparto. 

Entre 1981 y 2014 se impuso en 30 países, a través de la actuación del FMI o el Banco Mundial, la privatización total o parcial del sistema público de pensiones. En 2018, más de la mitad de ellos, en concreto 18,   habían revertido esa privatización, retornando a un sistema público y de reparto. Así sucedió en varios países hispanoamericanos como Argentina, Venezuela, Ecuador, Nicaragua o Bolivia. Pero también en países europeos como Bulgaria, Hungría, República Checa o Rumanía.

Privatizar las pensiones, entregando su control a grandes fondos, en su inmensa mayoría extranjeros, no solo  había recortado drásticamente la calidad de vida de sus pensionistas, se había convertido en un agujero que consumía, en beneficio del gran capital financiero, los recursos nacionales, convirtiendo la situación en insostenible.

En primer lugar salen perjudicados los pensionistas. La tasa de cobertura se redujo drásticamente, impidiendo a millones de personas el acceso a una pensión, y su cuantía se recortó en la mayoría de los casos entre un 40% y un 50%. Especialmente castigadas fueron las mujeres, reduciendo en Bolivia a la mitad el número que podía percibir una pensión.

Los “gastos administrativos”, a través de una catarata de comisiones, muchas de ellas ocultas, se dispararon, muy encima de lo que suponían en un sistema público. En Bolivia tres veces más, en Hungría siete veces más, y en Argentina ocho veces más. Llegando a extremos de usura. Cuando llegaba el momento de cobrar la pensión, esos “gastos administrativos”, impuestos arbitrariamente por los grandes fondos, se comían entre un 15% y un 22% de todo el capital aportado, recortando la pensión a cobrar.

 

Comparación gastos administrativos, en % sobre las cotizaciones

País	Antes de la privatización	Después de la privatización
Argentina	6,6%	50.8%
Bolivia	8,6%	18,1%
Hungría	2%	14,5%
Colombia	2,6%	25,9%

Fuente: La privatización de las pensiones, tres décadas de fracasos.

Y en segundo lugar le supone un coste mayor al Estado. Por un lado porque ha de asumir los “costes de transición” hacia un sistema privado. En Polonia se cuantificaron en torno a un 14,5% del PIB y en Kazajistán un 36,5%. Por otro lado porque el Estado subvenciona con dinero público los planes privados de pensiones a través de bonificaciones fiscales o incluso como sucede en Reino Unido financiando parte de los planes de empresa. Y porque es el Estado quien garantica la pensión descargando de riesgos y pérdidas a los fondos privados.

En Argentina, antes de ser renacionalizadas las pensiones, el Estado debía pagar el 77% de las pensiones que no garantizaban los fondos privados.

Las pensiones privadas, presentadas como “sostenibles y seguras”, son una auténtica “estafa piramidal global” del gran capital financiero.

Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), solo el 5% de los planes de pensiones españoles tiene rentabilidad positiva, el resto están en pérdidas. Y según un estudio de la Universidad de Navarra, solo un 13,2% superan la rentabilidad que ofrece la deuda pública.

Inverco ha reconocido que los planes privados de pensiones registraron déficit en 2019, puesto que las pensiones a pagar fueron mayores que las aportaciones. Reconociendo que “este es un dato muy preocupante”. De hecho, los planes privados de pensiones en España afrontan un problema estructural: necesitan ampliar el número de partícipes para ser sostenibles pero desde 2010 han perdido 1,3 millones. Por eso exigen que se “enrole automáticamente a los trabajadores en planes privados de empresa”. Están controlados por la oligarquía y el capital extranjero -La Caixa, Santander y BBVA controlan el 52,4% de todos los activos- y pretenden que se les rescate obligándonos a todos a participar de sus “planes-estafa”.

A eso se une que, al colocar el capital de los planes de pensiones en activos financieros, muchas veces de alto  riesgo, buscando la máxima rentabilidad, están sometidos a las sacudidas económicas. Tras el crack de Wall Street en 2008 los fondos de pensiones de los países de la OCDE perdieron un 30% de su valor. Para recuperar estas pérdidas, necesitaron devorar una parte importante de las pensiones públicas en Hispanoamérica o Europa.

Ahora la consultora Mercer, en representación de los grandes fondos privados de pensiones, anuncia que entre los efectos de la pandemia se cuentan la devaluación de sus activos, la disminución de las aportaciones por el aumento del desempleo o el rescate anticipado de planes de empleo para obtener liquidez. Reclamando una nueva ronda de privatizaciones de los sistemas públicos de pensiones que lo compensen.

(CONTINUARÁ)