La reforma para las pensiones que nos preparan

Utilizando la “condicionalidad” impuesta por Washington y Berlín para tener acceso a los 140.000  millones de fondos europeos, se ha diseñado ya una reforma de las pensiones que supone un vuelco histórico y afecta a la misma naturaleza del sistema de pensiones español.

Por un lado, sentando las bases para un drástico recorte de las futuras pensiones. Por otro, y este es su objetivo central, imponiendo un salto hacia su privatización de dimensiones desconocidas.

 La reforma de las pensiones ya tiene objetivos y plazos definidos y sellados. Están recogidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su ejecución es una condición para que España tenga acceso a buena parte de los 140.000 millones de los fondos europeos.

El plazo máximo para que queden aprobados todos los elementos de esta reforma de las pensiones es finales de 2022. Se ha dividido en dos fases, relegando aquellos recortes más duros para la segunda. Su objetivo es que frente a la reforma de 2013 que ha sido derogada en los hechos, ésta se convierta en estructural y permanente.

¿Qué se ha aprobado ya en la primera fase de la reforma de las pensiones?. Por el momento, bajo la presión social y del movimiento de pensionistas, se han tomado medidas favorables como:

·        La derogación del “factor de revalorización” que limitaba las subidas de las pensiones al 0,25%, vinculando su alza al incremento del IPC.

·        La derogación del “factor de sostenibilidad”, que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, recortándolas cuando ésta aumentaba.

·        la transferencia de una parte de los gastos de la Seguridad Social al Estado, para garantizar su suficiencia.

Aunque al mismo tiempo se ha avanzado en el objetivo de alargar la edad de jubilación que en 2027 será a los 67 años, dando incentivos a los que alargan su vida laboral y penalizando las jubilaciones anticipadas.

Las medidas que deben aprobarse en la segunda fase de la reforma deben negociarse y su forma final puede variar, pero sus líneas maestras ya están fijadas y plasmadas en documentos por escrito. Se dividen en dos bloques:

            1º).- Recorte de las pensiones futuras.        

Dos de las imposiciones de la reforma de 2013 -limitar la subida de las pensiones por debajo de la inflación, y el “factor de sostenibilidad”-, que combinadamente suponían un recorte de las pensiones de en torno al 40%, se habían convertido en odiosas y ya no eran socialmente aceptables.

En el plan enviado a la Comisión Europea figura el compromiso de sustituir el “factor de sostenibilidad” por un mecanismo que entrará en vigor en 2027 y que, textualmente, “tendrá capacidad de operar en ingresos y gastos”. El ministro Escrivá ya planteó ante el Pacto de Toledo que “el nuevo mecanismo buscará la misma reducción de gasto en las pensiones que el factor de sostenibilidad de 2013”. Según la AiREF esto supone  millones menos destinados a pensiones; una reducción del 8,2%.

Se presenta esta medida como un “mecanismo de equidad intergeneracional”, para que el pago de las pensiones de las generaciones del “baby boom”, más numerosas, no sean “una carga para los jóvenes”. Ocultando que se trata de un recorte estructural y permanente de las pensiones.

Se intentará consensuar con patronal y sindicatos. Pero debe estar aprobado para finales de 2021.

Pero, si el 15 de noviembre no se ha alcanzado un acuerdo, se aprobará de forma unilateral por parte del gobierno.

A finales de 2022 deben aprobarse nuevas medidas que limiten el gasto en pensiones. La más importante de ellas es la ampliación de los años de la vida laboral utilizados como base para calcular el cómputo de la pensión. Cuantos más años de cómputo, menor será la pensión. Como ya adelantó el ministro Escrivá, presumiblemente se ampliarán de 25 a 35. Lo que supondrá una reducción de la futuras pensiones de entre un  8% y un 16%, perjudicando especialmente a trabajadores temporales y en precario, mujeres y autónomos.

Desde 2013 la Comisión Europea tiene fijado en varios documentos el objetivo de que la tasa de sustitución española -el porcentaje del último salario que supone la pensión- disminuya 30,4 puntos, pasando del 79% al 48,5%. Este brutal recorte de las pensiones públicas es necesario para imponer su privatización.

            2º).- Privatización parcial del sistema público de pensiones. 

Ø  Impulso a los planes de pensiones de empresa.

A finales de 2020, una de las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo establecía la necesidad de “impulsar los planes de pensiones de empleo, sustentados en el marco de la negociación colectiva”. Y en abril, el plan enviado a Bruselas se comprometía a generar un “nuevo marco jurídico que impulse los planes de pensiones de empleo y contemple la promoción pública de fondos de pensiones”.

En la ficha 30 de ese Plan de Recuperación enviado a Bruselas, relativo a la “sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo” se dan números, que revelan la auténtica naturaleza de lo que se pretende.

Buscan que en 2030 el 80% de los trabajadores ocupados tenga un plan de pensiones privado de  empresa. En ocho años, se pasaría de los actuales 2 millones a 11. Nueve millones de planes privados de pensiones más.

Y se ha planificado que el negocio de las pensiones privadas dispare el capital que controla, en forma de planes de pensiones de empresa: del 3% del PIB español que supone en la actualidad al 9% en 2030, el 18% en 2040 y el 31% en 2050.

De conjunto, el objetivo es que los fondos privados de pensiones pasen a gestionar un capital de medio billón de euros, cuatro veces más de lo que tienen ahora.

Estas dimensiones suponen un vuelco histórico en el sistema de pensiones español, en el camino de su privatización, dando a los fondos privados una dimensión que jamás han alcanzado.

¿Por qué se ha decidido impulsar los planes de pensiones de empresa, y no los planes de pensiones individuales?. Aparentemente, es una decisión ilógica. Los activos de los planes de empresa suponen menos de la mitad que los de los fondos individuales. Y además están en abierto retroceso. Pero tienen una “ventaja”: se pueden imponer de forma casi obligatoria.

Tomando el modelo británico, se pretende “enrolar a los trabajadores de forma automática en el plan de empresa”. Cuando un trabajador sea contratado será incluido “por defecto” en el plan de pensiones de la empresa. Formalmente el trabajador puede “elegir”, dándose de baja del plan, pero en los hechos eso significa enfrentarse con la empresa, y pocas veces sucede.

 

Ø  Un mega-plan de pensiones público gestionado por fondos privados.

Este avance hacia la privatización debe contar con el apoyo público. Los fondos privados de pensiones han demostrado que no son capaces de crecer de forma significativa por sí mismos.

Ya se ha diseñado la formación de un gigantesco plan de pensiones organizado por el Estado, dirigido a los funcionarios, y a pymes y autónomos, donde la penetración de los planes de empresa es mínima.

Los trabajadores públicos serán incorporados a ese plan, y también los de las pequeñas empresas “por defecto”, si esa empresa no cuentan un plan propio.

El objetivo es que ese mega-plan alcance 300.000 millones de euros en activos, convirtiéndose en el 15º más grande del mundo.

El Estado pone todos sus recursos al servicio de crearlo… pero cede la gestión a manos privadas. Es decir a grandes bancos o fondos nacionales y extranjeros.

Este no es un proyecto “a futuro”. Es inminente. Antes de finalizar 2021 se aprobará una ley con las bases sobre las que se creará ese mega-plan de pensiones bajo cobertura pública. Y en el primer semestre de 2022 -como Bruselas exige- culminarán los procesos para su lanzamiento. Entre ellos un concurso público para adjudicar a una entidad privada su gestión.