TESIS 2: En la segunda etapa de la transición, desde finales de 1976 a diciembre de 1978, se imponen los cimientos económicos, políticos y militares del nuevo régimen democrático, sin los cuales es imposible comprender la España actual.
Extractos del
Serial “1976-1986. Diez años de transición”, publicado en la revista
Arma del Pueblo en 1986:
El modelo del consenso.
El 15 de junio de 1977 se celebran las elecciones generales.
Proyectadas para dar una mayoría aplastante al partido construido por Suárez
desde el gobierno, y repetir así el «caso griego», se convierten en una caja de
sorpresas. Pese a que, lógicamente, triunfa UCD, no consigue más que una
mayoría minoritaria, que ni siquiera el fraude del sistema electoral consigue
disimular. El peso de la izquierda en votos es superior al de la derecha, con
cifras sorprendentemente altas para el PSOE. Fraga y sus «siete magníficos»
fracasan estrepitosamente. (…)
Los problemas del país, por otra parte, se están agudizando
rápidamente. Las cifras del paro crecen vertiginosamente. La inflación se
acerca al 30%. Las evasiones de capital son escandalosas. La crisis económica
mundial está repercutiendo de forma muy dura en el país. Los intentos de un
plan de estabilización que congele los salarios, anunciado a finales de agosto
por Fuentes Quintana, ministro de Economía, presagian un otoño tormentoso. El
terrorismo en Euskadi crece de forma rampante. (…)
En definitiva, casi recién constituido, el gobierno se encuentra frente
a un cuadro capaz de quemarlo en pocos meses y, por tanto, capaz de poner de
nuevo en peligro el curso de la reforma.
Aprendida la lección de 1976, Suárez plantea la necesidad de establecer
un pacto por el cual la oposición va a responsabilizarse de la consolidación
del nuevo régimen monárquico, adoptando una línea aún mayor de moderación, de
abandono del republicanismo, de sustitución de la lucha de masas por la
estrictamente parlamentaria, de pacto social y de olvido de cualquier exigencia
de responsabilidades o depuración por los 40 años de fascismo.
Con la firma de los pactos de la Moncloa en octubre de 1977, PCE y PSOE
van a comprometerse, con la única contrapartida del cambio de régimen, a
trabajar activamente por la consolidación de la Monarquía, a conservar los
aparatos e instituciones del Estado franquista, a no tocar ni uno solo de los
privilegios de la clase que este Estado defiende y a no alterar la posición de
España como Estado dependiente y subordinado al imperialismo norteamericano. Y,
por supuesto, a mantener las reivindicaciones de las masas en este margen de
cosas.
Ésta es la esencia del pacto político firmado en Madrid en otoño, cuyas
vertientes sociales son también muy duras: congelación salarial, compromisos de
los sindicatos para paralizar las reivindicaciones obreras,...
(…) La firma de los Pactos de la Moncloa marca una nueva etapa de la vida política española de la transición: la etapa del consenso. En los hechos, lo que se ha constituido es un auténtico frente monárquico-monopolista que abarca el 90% del arco institucional, desde AP al PCE, con un acuerdo básico: consolidar a la débil monarquía, legalizar su situación y poner un dique por tanto a su principal factor de desestabilización: las luchas populares. (…).
La Constitución sobre el tapete.
En este clima de confusión, se inicia en la primavera de 1978 la
discusión de la nueva Constitución en las Cortes. la médula del articulado de
la misma no es más que el reflejo jurídico de los pactos que de hecho ya están
establecidos, bien antes de las elecciones, bien en octubre del 77:
consagración de la monarquía parlamentaria como forma de Estado, reconocimiento
con fuertes trabas de las libertades democráticas, consagración de la economía
de mercado, admisión del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones y,
como guinda del pastel, el encargo a las fuerzas armadas de velar y defender la
Constitución. Es, como ya decíamos entonces, «poner a la zorra de guardián del
gallinero».
La luna de miel consensual apenas si se altera en lo sustancial en todo
este período y los escasos conflictos secundarios planteados en el seno del
frente monárquico-monopolista terminan por resolverse con concesiones mutuas,
más acentuadas siempre en el caso de la izquierda. Así, aunque ésta logra
pequeños triunfos constitucionales como la mayoría de edad a los 18 años, la
abolición de la pena de muerte o la admisión del término «nacionalidades» en la
Constitución, la derecha saca abundantes tajadas para la Iglesia, la educación
privada…
(Serial “1976-1986. Diez años de transición”)
1).- El “consenso”, mitificado como motor y
norte que impulsa la transición, fue en realidad la imposición, obligada por las circunstancias, de un
auténtico frente oligárquico-imperialista que se extendiera a derecha e izquierda.
Los
resultados de las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, y la
influencia de un movimiento de lucha
popular que todavía mantenía una enorme amplitud, hacen imposible aplicar en
España el “modelo griego”. En el país heleno las
fuerzas “de derechas”, representadas por un gobierno con amplia mayoría, han podido pilotar en solitario el cambio de régimen.
En España será necesario recurrir a la participación de la izquierda “oficial”.
Esta
es la razón de que el “consenso”, que no estaba en el guion original de la
transición, se transforme en 1977 y 1978
en un “leitmotiv” masivamente difundido. No supone “un gran acuerdo por la
democracia”, ni “la superación de la
división y el enfrentamiento en aras del interés general”, sino la formación de
un frente que integre a las
principales fuerzas de la derecha -UCD y AP- y la izquierda -PSOE y PCE- para
garantizar la estabilidad del nuevo
régimen y dar carácter estructural y duradero a las “reformas” que Washington y
la oligarquía pretenden imponer.
La política de consenso “por arriba”, para pilotar la transición de acuerdo al proyecto norteamericano y oligárquico de un cambio de régimen que fortaleciera su poder, debía complementarse “por abajo” con liquidar o cuanto menos limitar considerablemente la influencia del movimiento de lucha popular.
El pacto económico se firma en octubre de 1977, son los llamados “Pactos de la Moncloa”.
En
un momento donde la situación económica empeora, con una inflación que supera
el 25%, el acuerdo se vende como “un
compromiso histórico donde todos deben ceder para evitar que la crisis acabara
con la democracia”. En realidad su
sustancia fue que, frente al avance del movimiento obrero -en salarios,
condiciones de trabajo…- durante los
últimos años del franquismo, se impusieran las condiciones para un aumento de
la explotación por parte del capital
extranjero y oligárquico.
Se
imponen límites estructurales a las subidas salariales, que no deberán superar
la inflación. Frente a los años anteriores,
donde los salarios habían aumentado su peso en el PIB, en 1978 los salarios
pierden poder adquisitivo, subiendo cuatro puntos menos que la inflación. Se aprueba en los hechos
el despido libre, bajo la figura del “ajuste
de plantillas de empresas en crisis”, rebajando la cuantía de la indemnización
por despido. Y se abre la puerta al aumento de la temporalidad, vía que será ampliada
en 1979 a través
del Estatuto de los Trabajadores.
Se
sientan las bases de un nuevo sistema fiscal, con el IRPF y el Impuesto de
Sociedades, que permite a bancos, monopolios, grandes fortunas y capital extranjero numerosas vías para eludir el pago de impuestos.
Se
“racionaliza” el sistema financiero y las cuentas públicas, en un sentido que
refuerza el poder de la gran banca.
A cambio de concesiones sociales -más inversión en educación y sanidad…- o políticas – reconocimiento de la asociación sindical y el derecho de huelga, despenalización del adulterio, aprobación de los derechos de reunión, asociación política y libertad de expresión...- se impone un ajuste que se carga sobre los trabajadores.
Los Pactos de la Moncloa son firmados por todo el arco parlamentario, desde UCD y AP hasta el PSOE y el PCE, pasando por nacionalistas vascos y catalanes. Y reciben el apoyo de los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, que a cambio de un amplio sistema de subvenciones, deben encargarse de contener las luchas obreras.
En
él participan desde la UCD y Alianza Popular hasta el PSOE y el PCE o el
nacionalismo catalán de Pujol, fijando
las condiciones que EEUU y la oligarquía imponen al nuevo régimen y que todos,
a derecha e izquierda, deben respetar
para poder participar en él.
Todas
las fuerzas políticas y sociales deben comprometerse a trabajar activamente por
la consolidación de la monarquía, la
clave de bóveda del Estado, a no “reformar” los aparatos e instituciones
principales del Estado - ejército,
poder judicial, servicios de inteligencia…-, a no tocar ni uno solo de los
privilegios de la clase que este Estado
defiende, a no alterar la posición de España como Estado dependiente y
subordinado al imperialismo norteamericano. Y, por
supuesto, a mantener las reivindicaciones de las masas en
este margen de cosas.
La
transición incluye también un pacto militar, que consiste en un salto cualitativo de la participación española en la maquinaria bélica de la
superpotencia norteamericana. Por las contradicciones que genera en la izquierda, s
e pospone la integración
formal de España en la OTAN, pero se fija como condición ineludible la aceptación de las bases norteamericanas.
Ya en septiembre de 1976 el acuerdo de defensa entre España y EEUU, vigente desde 1953, es elevado a la
categoría de tratado. Es anunciado así por el ministro de Asuntos Exteriores español, Marcelino Oreja: “significa la
participación de España en el sistema defensivo occidental, a través de los EEUU, y su entrada en vigor ofrece una
oportunidad muy amplia para la ordenación del esfuerzo defensivo español con vistas a su integración en la OTAN”.
3).- Los acuerdos que se firmaron en la
transición nacen con la voluntad de determinar, de acuerdo a los intereses del imperialismo y la oligarquía,
el rumbo del país durante las décadas siguientes.
El
triple pacto, económico, político y militar, firmado entre 1977 y 1978 no son
compromisos del momento para
garantizar el tránsito a la democracia, resultado de una negociación “entre las
élites franquistas y de la oposición
democrática”. Lo que se están imponiendo en esos momentos son los raíles
estructurales por los que, independientemente
de las vicisitudes políticas o los cambios de gobierno, deberá circular el país
en el nuevo régimen.
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