¿Cómo interviene Estados Unidos?.
En primer lugar políticamente a través de las estructuras de la UE. El reparto de los fondos asienta nuevas condiciones que incrementan y refuerzan el control y la intervención de EEUU y Alemania a través de la Comisión Europea y el Consejo de Europa sobre todo.
Las grandes potencias se han garantizado que el acceso a las ayudas está condicionado a la presentación de un plan que debe incluir las reformas exigidas por la Comisión, que debe ser aprobado y que estará sometido a revisiones semestrales de las cuales dependerá la concesión de las ayudas, que podrán ser bloqueadas en caso contrario.
Con el llamado “freno de emergencia”, con el que cualquier país podrá bloquear o retrasar las ayudas, las grandes potencias se garantizan la capacidad de intervención directa. Estados Unidos, a través de los conocidos como países “frugales”, con Holanda como cabeza de los “halcones del norte” que actúan como auténtico “caballo de Troya” del imperialismo norteamericano.
El “freno”no es estrictamente un “derecho de veto”, pero sí un “derecho de bloqueo” que supone un importante factor de presión política.
Pero también a través de los organismos internacionales como el FMI y la OCDE. Con Biden estos organismos incrementan su actividad para reclamar las reformas que también exige la UE. Ha sido en la cumbre de la OCDE donde Alemania ha dicho que “España con un 120% de deuda va a tener que hacer ajustes fiscales para reducir el déficit y que más pronto que tarde va a tener que hacer recortes” y vigilar las pensiones.
Y tanto el FMI como la OCDE piden la profundización de la reforma laboral combinando la reducción de los tipos de contratos con la implantación de la “mochila austríaca”.
1) El control de la deuda.
El Plan de Reconstrucción aprobado por la UE supone convertir en deuda mutualizada 800.000 millones de euros en los próximos cinco años, que la UE sacará al mercado y que junto con otros 100.000 millones del plan SURE, con el que se están financiado los ERTEs y las ayudas a los autónomos, serán 900.000 millones que acabarán en manos de los grandes fondos extranjeros y los bancos.
Según un informe de CaixaBank, los compradores de la deuda de los bonos SURE y de la primera emisión de bonos del Plan de Recuperación han sido: el 89% compradores europeos, encabezados por Reino Unido (23%) y Alemania (20%); y por el tipo de compradores: las gestoras de fondos de inversión y los bancos acaparan el 65%. Bancos como Morgan Stanley, JP Morgan, Deustche Bank, Citigroup, Bank of América, BNP Paribas, HSBC, Santander, Barclays, Crédit Agricole… y así hasta 39… Bancos que a su vez actúan como ”colocadores” de las emisiones de deuda y cobran sustanciosas comisiones. Todos estos grandes bancos y fondos de inversión quieren hacer de la deuda mutualizada de la Unión Europea una de sus principales fuentes de negocio.
España será el segundo país que más fondos reciba. Y el que estará sometido a más presión cuando a partir de 2022-2023 se empiece a exigir el control del déficit y el recorte de inversiones sociales para garantizar el pago de la deuda.
2) Como receptor de las ayudas.
El Plan de Reconstrucción presentado por el gobierno en Bruselas, y aprobado por la Comisión, favorece los planes y negocios de las grandes empresas del Ibex 35 y del capital extranjero.
El dinero de las “ayudas europeas” se reparte entre los mega-proyectos presentados por los monopolios y grandes empresas de la oligarquía y el capital extranjero: sólo 10 de esos proyectos de inversión absorberán el 70% de los fondos europeos”.
Son grandes proyectos de infraestructuras , de transición verde o reformas como la de la vivienda acaparadas por empresas del IBEX-35 como Endesa e Iberdrola, Repsol, Naturgy, Volkswagen, Ford o ACS…, que se llevarán miles de millones de dinero público. Además la gestión de estos fondos va a estar en manos de la banca, que pide 4.000 millones de euros por su gestión.
En 2018, según Bolsas y Mercados Españoles los inversores extranjeros poseían el 45% de las acciones del IBEX-35. Y en marzo de 2021, según la estadística elaborada por el Banco de España, el valor de las acciones en manos extranjeras había aumentado hasta el 57,21%, con un valor de 312.547 millones de euros; 12 puntos más que tres años antes.
En el año de la pandemia, 2020, la inversión extranjera ha caído a nivel mundial, menos en España, donde ha aumentado un 50% y el principal componente ha sido el capital norteamericano. La aprobación por el gobierno de un decreto “antiopas” de forma temporal mientras dure la pandemia, un intento de proteger a las empresas españolas de sectores estratégicos, no ha podido evitar la quiebra de Abengoa acosada por los bancos acreedores, la opa sobre Naturgy, la conversión de JP Morgan en el segundo accionista de Repsol, con el 6,8% de las acciones o del fondo buitre americano BlackRock en el segundo accionista de Bankia después del Estado, con el 4,3% del capital...
Todos estos movimientos no tienen como objetivo principal reindustrializar España y crear empleo de calidad sostenible. Tampoco ayudar y promover el tejido económico nacional de pymes y autónomos responsables del 90% del empleo. Relegando la importancia de reforzar lo público y de asegurar el acceso a estos fondos de los autónomos y las pequeñas y medianas empresas.
La UE y Estados Unidos coinciden en la condicionalidad.
Ayudas a cambio de qué:
España podrá recibir hasta 140.000 millones de euros del Fondo Europeo de Recuperación, Netx Generation, 72.000 en subvenciones directas y 68.000 millones en créditos.
Los primeros 9.000 millones llegarán en agosto y 10.000 millones más en los últimos meses del año. Otras dos remesas ya en 2022 pero sometidas a la revisión semestral de la Comisión Europea y su aprobación dependerá de que que España cumpla las condiciones exigidas y comprometidas en el Plan de Recuperación, reconstrucción y Resilencia. ¿Cuáles son esas condiciones?.
La Unión Europea exige a España acometer un paquete de reformas estructurales en pensiones, laboral y fiscal a cambio de acceder a las ayudas europeas. Las exigencias no son sólo de Bruselas, en ellas coincide con lo que viene exigiendo Estados Unidos a través de organismos internacionales como el FMI y la OCDE.
Primero. La reforma de las pensiones.
Bruselas levanta la bandera de la insostenibilidad del sistema público de pensiones y exige una reforma que lo reduzca “para hacerlo sostenible” e impulse los fondos privados de pensiones.
El gobierno se ha comprometido en el Plan aprobado por Bruselas a cumplir con las exigencias de la UE, mediante una serie de medidas propuestas por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá que recortan las pensiones públicas (mediante mecanismos como endurecer el acceso a la jubilación anticipada, la ampliación de los años para el cálculo de la pensión, ajustar la revalorización con el IPC con un año de retraso y un nuevo factor de “solidaridad intergeneracional” ligado a la esperanza de vida) y que, sobre todo, abren paso a la privatización con la imposición de los “planes privados de empresa”. Un paso que sirve en bandeja el control del dinero de las pensiones, 140.000 millones de euros anuales, un objetivo largamente acariciado por los grandes fondos extranjeros, norteamericanos, alemanes… y la banca.
La influencia y el rechazo del viento popular a las exigencias de Bruselas ha obligado al gobierno a proponer dos etapas y a la Comisión Europea a aceptar una estrategia por etapas, retrasando los ajustes y medidas más duras y que más rechazo generan a una segunda etapa a lo largo de 2022, ganando tiempo para tratar de vencer las resistencias que genera. Medidas como la ampliación a 35 años cotizados el periodo para calcular la pensión, el nuevo factor de sostenibilidad o la subida de cuotas a los autónomos quedan para negociarse a lo largo de 2022.
Segundo. Una reforma laboral que exige no derogar de forma explícita la reforma de Rajoy de 2012. La OCDE enviaba un mensaje hace un mes al gobierno español: “no es el momento de derogar la reforma laboral”. Eso mismo, con otras palabras, decía el comisario y vicepresidente europeo Valdis Dombrovskos hace dos meses: España debe hacer una reforma laboral “integral y ambiciosa”. O lo que es lo mismo, profundizarla en todo lo que implique mayor flexibilidad laboral, ajuste salarial y abaratamiento del despido, con la introducción de medidas como la “mochila austríaca” a corto o medio plazo.
Como en las pensiones, las resistencias están obligando a dos etapas de negociación.
Y por otro lado retomando la “disciplina fiscal”, es decir el control del gasto público y del déficit a partir de 2022 que podría suponer a partir del próximo año que se pusiera fina a la política “expansiva” del gasto público y empezar una nueva “década de recortes”, como anuncia el gobernador del Banco de España, que profundice el saqueo al 90% de los ciudadanos.
Las condiciones impuestas por las “ayudas europeas” suponen para España, a cambio de transferencias y créditos que aliviarán la situación en el corto plazo, un marco que conducirá, en el medio y largo plazo, a la imposición de futuros e inevitables recortes.
Colocar en primer plano las transferencias directas o las inversiones en energías verdes pero ocultar las condiciones, los ajustes y recortes que quieren imponer a cambio, contribuye a rebajar las defensas para luchar por los intereses del conjunto de las clases populares.
El tiempo ganado obligando a llevar a una segunda etapa las negociaciones para imponer las reformas estructurales de las pensiones, laboral y fiscal tenemos que aprovecharlo los movimientos sociales para reforzar la lucha por la defensa de los intereses populares y nacionales sin caer en el chantaje de: ayudas por recorte de pensiones, por ajuste de salarios o ayudas por más impuestos.
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