El revisionismo consiguió sus objetivos

Durante toda la transición, la línea impuesta al movimiento de lucha popular por el revisionismo y la socialdemocracia a través del PCE y el PSOE, va a conducirlo, a pesar de su amplitud y radicalidad, a participar del mismo proyecto de “cambio de régimen” que defendían tanto la superpotencia norteamericana como los sectores dominantes de la oligarquía española.

Serial “1976-1986. Diez años de transición”.

Una oportunidad histórica.

Ciertamente que la situación de la lucha de clases en España a lo largo de este período no era una situación prerrevolucionaria y la toma del poder no era la tarea del momento. Un programa basado en este supuesto tenía que conducir forzosamente a importantes errores de izquierdismo, al aislamiento de la realidad y las masas y a un estéril propagandismo. Pero también es cierto que la situación nacional e internacional permitía una lucha mucho más audaz y resuelta por la democracia, objetivos más ambiciosos que la obtención de un pacto con el sector menos reaccionario del régimen.

Entre diciembre de 1975 y abril de 1976, por ejemplo, existen condiciones para el desencadenamiento de una Huelga General en todo el país. Un movimiento así hubiera podido dar paso a una verdadera ruptura con el fascismo, el establecimiento de un poder democrático no ligado por pactos con el franquismo, y la posibilidad de llevar a cabo verdaderas transformaciones democráticas en el Estado. (…)

La clase obrera y la lucha por la democracia.

En resumen, a lo largo de este período existen condiciones para arrancar la iniciativa política del terreno de juego marcado por la oligarquía y el imperialismo, dar una salida popular verdaderamente democrática a la situación y establecer un poder democrático masivamente respaldado. Ésta hubiera sido también una situación inestable, sumamente contradictoria. Pero indudablemente hubiera ofrecido unas condiciones infinitamente más favorables para la lucha por las transformaciones políticas, económicas, sociales y militares que España necesita vitalmente. Unas condiciones mucho más favorables para avanzar por el camino de la revolución.

La razón decisiva de por qué los acontecimientos siguieron otro camino, hay que buscarla en el comportamiento político de la clase obrera. La España de 1975 ya no era la de 1931. Los sectores intermedios de la burguesía ya no podían ni soñar en sustituir a la oligarquía en el gobierno de la nación. La única clase que podía impulsar un proyecto democrático propio frente a las maniobras reformistas de la oligarquía y el imperialismo era y es la clase obrera.

Pero el sector avanzado más importante de la clase obrera estaba encuadrado e influenciado de forma ampliamente mayoritaria por el Partido Comunista de España (PCE). Y la política del PCE estuvo dominada por el horizonte del pacto con la oligarquía y el imperialismo y con su Estado franquista. Desde el comienzo de la crisis del régimen, la dirección del PCE encierra la lucha de la clase obrera por la democracia en los límites de ese pacto. Con ello imposibilita la presencia de un proyecto democrático proletario, no manipulable por ningún reformismo oligárquico-imperialista; un proyecto en torno al cual se pudiese agrupar la inmensa mayoría del pueblo. Al seguir la línea de actuación que siguió, la dirección del PCE extravió y anuló la acción política de la clase obrera, la convirtió (y se convirtió a sí mismo) en un rehén utilizable en el marco de la política reformista de la clase dominante y fue el factor decisivo que impidió que la crisis del régimen franquista diera lugar a una salida verdaderamente popular y democrática. Por lo demás, las consecuencias de esta política para el propio PCE no tardarían mucho en verse.

“La situación nacional”. Documentos Iº Congreso de UCE. 1978.

(…) El PCE y el PSOE son el fuste de la nueva situación. Es su actuación la que ha hecho posible la transición “del terror al engaño”. Se puede decir que el gran capital se sirve hoy de UCD para gobernar, de PCE y PSOE para engañar y como siempre del Ejército y de la policía para “prevenir”.

El PSOE y el PCE se han convertido en piezas maestras de la democracia oligárquica. Los dirigentes de estos partidos se han lanzado a una sistemática, experta, eficaz y planificada campaña para atomizar, desorientar y desmovilizar al movimiento popular. “Los objetivos están cumplidos, éste es el final del trayecto, a votar y a casa” vienen diciéndole machaconamente al pueblo ante cada fogonazo de la ira popular; en Euskadi, en Andalucía, en Canarias… acuden las maquinarias del PCE y del PSOE ya abiertamente como “servicio de bomberos”. Todos los impulsos revolucionarios del pueblo son conducidos, por los “apagafuegos” González y Carrillo, al pozo sin fondo de las flamantes instituciones parlamentarias. Toda su actuación tiende a encarcelar la revolución en la jaula de los mecanismos constitucionales. El carácter de clase de estos partidos (de la política que marcan sus dirigentes, en abierta contradicción con los intereses objetivos de su base militante y de su clientela electoral), su carácter pro-oligárquico y pro-imperialista, su naturaleza de fuerzas de reserva de los enemigos del pueblo, ha quedado, en este corto espacio de tiempo, sobradamente demostrada.

El PSOE refundado en Suresnes no defraudó a sus mentores. Había sido diseñado para encuadrar a la izquierda en las reglas del juego y los límites de los intereses oligárquico-imperialistas. Utilizando las siglas históricas del PSOE republicano del Frente popular para seguir a pies juntillas los dictados de Washington tal y como quedó más que demostrado años después con la cuestión de la OTAN.

Otro fue el papel del PCE que contaba con un gran protagonismo en la lucha antifascista en la clandestinidad. Su papel fue reconducir y encuadrar al movimiento obrero y revolucionario hacia los objetivos de la oligarquía y el imperialismo.

1.- La dirección del PCE va a establecer como único objetivo para la lucha popular durante la transición conquistar un régimen democrático similar a los que ya existían en otros países de Europa Occidental.

Alberto Garzón, actual coordinador general de IU, sintetiza la valoración absolutamente dominante sobre la actuación del PCE en la transición: “El PCE sabía que no había conseguido lo que perseguía, pero se autoengañó   y engañó a los militantes. Fue una derrota vendida como una victoria”. 

A esto decimos: No es verdad. No hubo derrota sino victoria. El PCE consiguió exactamente aquellos objetivos que había fijado.

Fue el PCE quien impuso limitar la lucha antifascista a conseguir una democracia homologable a las entonces vigentes en Alemania, Francia o Inglaterra. Y lo consiguió.

El problema es por qué el PCE condujo a la lucha antifascista, que estaba plagada de aspiraciones de transformación revolucionaria mucho más ambiciosas, a perseguir el mismo objetivo que también buscaban Washington o la gran banca española; el cambio de régimen, subordinando a él todas las transformaciones económicas, sociales y políticas que sí cuestionaban los fundamentos del poder oligárquico y la dominación imperialista sobre España.

El PCE adopta en 1956 la línea de “Reconciliación Nacional entre los españoles”, apostando por “terminar con la división abierta por la guerra civil”, y situando como norte “el camino para democratizar España, para poner fin a la dictadura del general Franco”. Desaparece el horizonte de conquistar la independencia nacional frente al imperialismo y de acabar con el dominio de clase de la oligarquía.

Esta línea revisionista se expresará en la transición en la propuesta de un “Pacto por la Libertad”, propuesto  por Carrillo “a todas las fuerzas políticas que acepten un juego democrático”, planteando como únicas líneas rojas “la legalización del PCE y unas elecciones libres que permitan establecer nuevas bases constitucionales democráticas”, resaltando “el papel desempeñado por el PCE para evitar la desestabilización” y llamando a unirse a él “a los capitalistas interesados en una cooperación de España con Europa”.

El único horizonte, no ya posible sino pensable, era el de garantizar la llegada de la democracia, y a él debía someterse todo. Así se hizo, efectivamente: hubo cambio de régimen, se acabó liquidando el peligro de involución, y la democracia se consolidó. Mientras que al mismo tiempo se fortalecía el dominio de la oligarquía y al secuestro de la soberanía nacional por parte del imperialismo.

Nunca antes como en la transición una lucha tan extensa y masiva había estado sin embargo tan ciega.

Desaparecido el imperialismo como enemigo principal, las luchas obreras y populares no van a tener objetivos, horizontes ni perspectivas que vayan más allá del proyecto de cambio de régimen defendido por el hegemonismo. A lo  máximo que pueden aspirar, en este sentido, es a “enrojecerlo”.

2.- Ni era inevitable que el cambio de régimen se saldara con un reforzamiento del dominio imperialista y oligárquico, ni todo estaba “atado y bien atado”.

Tres son los factores que caracterizan el marco en el que se desarrolla la transición, especialmente en su  primera etapa:

1º) Tras la derrota en Vietnam, la superpotencia norteamericana se enfrenta a una seria crisis de liderazgo, con la destitución de Nixon, la irrelevante presidencia de Gerald Ford o la de Carter marcada por un retroceso constante. Esta relativa debilidad y confusión en la superpotencia dota a la situación española de unas cotas de autonomía y capacidad de maniobra mayores quizá que en ningún otro momento de las últimas décadas. Que, por ejemplo, serán aprovechadas por Suárez, primero para pilotar con audacia el cambio de régimen y luego para desarrollar un proyecto autónomo.

2º) Al mismo tiempo, existe una situación de relativa parálisis y desconcierto en los aparatos de Estado y entre las propias filas de la oligarquía. Sumado a que el cambio de régimen, tras una dictadura de cuatro décadas, y a un ritmo más acelerado del previsto inicialmente a causa de la movilización popular, permite un elevado grado de fluidez y movilidad.

3º) A ello se une la amplitud y combatividad del movimiento popular. Que había sido capaz de quebrar el régimen fascista, haciendo inviable su continuidad, dinamitó los proyectos más reaccionarios del hegemonismo y la oligarquía, y mantendrá hasta 1979 una enorme fuerza e influencia.

No eran condiciones para plantearse la toma del poder, pero sí para, desde una línea revolucionaria y movilizando al pueblo, conquistar tras el final del fascismo una salida favorable a los intereses populares y nacionales.

3.- Las “élites de la oposición democrática”, especialmente las principales fuerzas de la izquierda, van a trabajar activamente durante la transición por encuadrar la lucha popular en los límites y rumbo que exigen Washington o la oligarquía española.

En 1975 un informe de la CIA, recientemente desclasificado, planteaba que Santiago Carrillo estaba dispuesto a aceptar la permanencia de las bases norteamericanas en España. El propio Carrillo lo confirmó en una entrevista a la revista “Time”, en la que afirmó que “los americanos pueden estar en España mientras los rusos mantengan tropas en Checoslovaquia”.

Dos años después, en 1977, Carrillo realizó una gira por EEUU. En la Universidad de Yale, tras anticipar su apoyo a la monarquía, afirmando que “hoy por hoy juega un papel clave en el restablecimiento de las libertades”, garantizó que “la democracia española respetará las inversiones e intereses norteamericanos”, animando al capital estadounidense a invertir en España. Y organizó una reunión con la plana mayor del Departamento de Estado para volver a reiterar que no cuestionaría las bases ni la relación del ejército español con el norteamericano.

Este era el peaje a pagar por su legalización: el PCE debía aceptar, en bloque, las “reglas de oro” de los intereses norteamericanos y oligárquicos en España.

No es que durante la transición el PCE, el PSOE o los sindicatos mayoritarios, no fueran “rupturistas” o defendieran “una política conservadora de moderación”. Es que trabajaron activamente por reconducir un amplísimo y poderoso movimiento popular hacia el terreno que la superpotencia y la oligarquía exigían.

De 1974 a 1977, las élites de la “izquierda oficial” plantean como única salida alcanzar un pacto con los sectores “menos reaccionarios” de la oligarquía y con el hegemonismo norteamericano. En vez de potenciar consecuentemente la lucha de masas contra el fascismo, los principales organismos de la “oposición” van a aprovechar cada momento álgido de la movilización popular para ofrecer un pacto cada vez más limitado. Tras los sucesos de Vitoria se unifican la Plataforma de Convergencia Democrática, dirigida por el PSOE, y la Junta Democrática, hegemonizada por el PCE. El nuevo organismo (Coordinación Democrática, más conocida como “Platajunta”) acuña el inverosímil término de “ruptura pactada” para esconder la oferta de un pacto a la Corona, las instituciones básicas del Estado, la oligarquía financiera y Washington. Se ampliará con más fuerzas para formar la Plataforma de Organismos Democráticos. Que desde su misma constitución tiene como única perspectiva la negociación con el gobierno. Desaparece de su propuesta la exigencia de gobierno provisional, de responsabilidades por los cuarenta años de fascismo y la realización de una consulta sobre la forma de Estado y de gobierno. No sólo se acepta tácitamente que no habrá cambio alguno en los aparatos del Estado, sino que se renuncia virtualmente a que el proceso de transición sea encabezado por las fuerzas que están fuera del régimen.

En 1977 y 1978 las renuncias se multiplican. En las primeras elecciones, ante la exigencia presentada por algunos partidos revolucionarios, para formar un bloque unitario antifascista que hubiera arrasado en las urnas, la dirección del PCE se negó en redondo alegando que “esto no es posible por el peso de la política atlántica en España”. Y será la izquierda política -PCE y PSOE- y sindical -CCOO y UGT- quienes permitirán ejecutar el “ajuste” sobre los trabajadores que suponen los Pactos de la Moncloa.

Lo mismo sucede en el seno del movimiento obrero. CCOO renunció a dar la batalla por un sindicato único cuando era la organización mayoritaria de largo y esa era una exigencia unánime. En el primer congreso ya en condiciones de legalidad, se imponen numerosos manejos para dejar fuera de cargos de responsabilidad a los líderes revolucionarios y luchadores honrados. A continuación se acabará de cuajo con el carácter asambleario y democrático que tenía desde su fundación. Rápidamente se disolvieron las uniones locales y las secciones sindicales pasaron de ser donde se elegían los representantes y se definían los programas de lucha, a no ser siquiera convocadas.

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